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25 de febrero 2005 - 00:00

Otros operan pero ministros afrontan

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El rasgo más conocido de ese modo de manejar el gobierno que sobresale en esta crisis es el de la ira presidencial. Kirchner se mostró, en público y en privado, tan exaltado que terminó tomando decisiones que, a medida que pasan los días, van mostrando más su inconsistencia. La más evidente es la remoción de casi todo el comando de la Fuerza Aérea, incluido su jefe de Estado Mayor, «por no haberme avisado». Esa determinación, de la que el Presidente se ufanó el viernes a la noche mientras comía en Mar del Plata («eché a 17 pero si echaba a 40 tampoco iba a haber reacción alguna»), va perdiendo razonabilidad a la luz de los nuevos datos que se conocen. Por ejemplo: ayer Aníbal Fernández, el ministro del Interior, confesó que «la Policía sabía que había un caso y una investigación hace tres meses». ¿Renunciará Fernández, bajo cuyo control se pusieron ahora los aeropuertos? ¿Lo hará el jefe de Policía? Los dos cometieron el mismo pecado de « ocultamiento» que el brigadier Eduardo Rohde, pero nadie justificaría que deban pagar por ello.

Además, luce poco coherente que Kirchner le pida a José Pampuro una investigación sobre la conducta de los uniformados a posteriori de su defenestración. Ahora el ministro deberá encontrar culpas si no quiere que su actitud y la de su jefe se descubran como más arbitrarias aún. Curioso ejercicio de los derechos humanos este de condenar primero e investigar después. Ayer, al comodoro Beltrame, jefe de Ezeiza, le aplicaron 10 simbólicos días de arresto para que figuren en su legajo y no tenga promoción.

Por otra parte, la falla que se les reprocha a los militares parece gravísima a partir del 12 de febrero, cuando estalla en la prensa la existencia de un caso grave de drogas que se envían a España a través de Southern Winds de manera que, por lo que se presume, ya era sistemática. Pero es probable que antes de ese escándalo muchos funcionarios públicos supieran que en esa compañía se cometían irregularidades « menores». Contrabando de mercadería folklórica (sobre todo platería), vajilla o, «in extremis», fondos destinados a cubrir el faltante de la provincia de Santa Cruz. Hasta un caso de narcotráfico como el que ahora conmovió al país puede resultar, para el personal de seguridad, uno más de la rutina cotidiana, que no merece ser informado al gobierno y mucho menos al Presidente. De hecho, nadie se siente todavía obligado a explicar cómo entró la droga al país y el escándalo sólo se reduce a cómo salió. Aun cuando conocer el ingreso pondría en emergencia a Gendarmería, Policía Federal, Aduanas y SIDE.







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