La defensa de Pablo Schoklender pidió al juez federal Norberto Oyarbide que aclare si una pericia realizada a cámaras de seguridad de computadoras de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, donde él trabajaba, arrojó si el contenido pudo haber sido manipulado.
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El planteo realizado por el abogado defensor Pablo Slonimsqui es en momentos en que el juez Oyarbide definiría la situación procesal de su cliente y de Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación y ambos acusados de desviar fondos que recibía la entidad en el marco del programa "Sueños Compartidos".
Slonimsqui dijo que es "esencial" que los expertos "informen si se puede establecer la integridad del material que se encuentra siendo peritado o, en su caso, si surgen elementos que indiquen que el mismo ha sido manipulado, alterado o sometido a cualquier forma de tratamiento".
Las filmaciones de las cámaras de seguridad corresponden a hechos que tuvieron lugar una vez iniciada la investigación, y donde se registraría el robo de documentación que hubo en la entidad que dirige Hebe de Bonafini, hecho por el cual se acusa al menor de los Schoklender.
En tanto, en los próximos días el juez Oyarbide definirá la situación procesal de la gran cantidad de imputados en la causa, no sólo los hermanos Schoklender imputados por asociación ilícita, sino también del contador Alejandro Gotkin y de Alejandra Bonafini, hija de Hebe, y a esta última se la acusa de comprar propiedades con supuestos fondos de la Fundación.
También están imputados Viviana Sala (exmujer del mayor de los Schoklender) y el financista José Caparrós Gómez (dueño de Monetización S.A y en donde se cambiaron muchos de los cheques provenientes de la Fundación); el empresario Daniel Laurenti; y el piloto Gustavo Serventich (socio en Meldorek de Sergio Schoklender), entre muchos otros.
Según estimaban fuentes de la causa, la duda que persiste es si el procesamiento casi seguro que recaerá sobre los Schoklender incluye pedidos de detención o no.
Al requerir una imputación sobre los acusados, el fiscal de la causa Jorge Di Lello calificó los hechos como "administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero", y consideró que se generó un perjuicio en contra del Estado valuado en unos 50.000.000 de pesos.
En la investigación, iniciada en mayo de 2011, se acreditó que el desvió de fondos que tenían como origen inicial la construcción de viviendas sociales, pero que se utilizaron para otros fines, fue a través de las firmas Meldorek SA y Antártica Argentina SA.
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