La semana próxima, el Congreso iniciará -de verdad- las sesiones extraordinarias que convocó el Ejecutivo para enero y febrero. En paralelo al temario que selló semanas atrás la Casa Rosada, legisladores del oficialismo y la oposición exigen, a través de distintas iniciativas, mayores beneficios a los “esenciales olvidados” en pandemia, como personal sanitario y de seguridad, quienes recibieron magros alivios tras el aterrizaje del coronavirus, y con conflictos aún vigentes y ya convertidos en papelones mayúsculos, como el que ocurre en el hospital Garrahan por una cuestión salarial.
Del ramillete de proyectos presentados durante el último trimestre se destaca, por caso, un texto empujado por las diputadas de Juntos por el Cambio Estela Regidor Belledone (UCR) y Alicia Terada (Coalición Cívica), entre otras, para que “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y test, y/o atención y tratamiento de covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”, pueda “descontar a la cantidad de servicios exigidos y a la edad requerida para el otorgamiento de su jubilación, el tiempo que se ha prestado servicios en pandemia en las condiciones precedentemente anunciadas”.
En los argumentos del proyecto, las legisladoras dejaron claro que es “necesario establecer un régimen que adecue límites de edad y de años de servicios y de aportes y contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate, para los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas tales por la autoridad nacional competente”.
Según las diputadas opositoras, por dichos motivos “procede establecer respecto de los trabajadores que realicen tareas de la naturaleza de las mencionadas, en este caso el personal de la salud, requisitos de años de servicios y de edad para el logro de los beneficios jubilatorios, menores que los exigidos por las respectivas leyes orgánicas”.
Prórroga
Desde el Frente de Todos también aparecen pedidos: los también diputados Ariel Rauschenberger y Carolina Moisés quieren que el Ejecutivo prorrogue hasta el 12 de marzo próximo la exención del Impuesto a las Ganancias para que “continúen exentas del gravamen las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, del personal del sistema de salud público y privado, de las Fuerzas de Seguridad y demás beneficiarios abocados a la lucha contra la pandemia”.
Rauschenberger, Moisés y otros miembros del bloque kirchnerista hicieron referencia a la ley sancionada el año pasado a favor de “profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privadas; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos; y recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria”. Y recordaron la potestad del Ejecutivo para prorrogar dicho mecanismo, situación que sucedió en octubre pasado y hasta el 31 de diciembre de 2020.
“Si bien el Estado nacional pudo manejar el flagelo de la pandemia en forma satisfactoria a través de fuertes medidas tendientes a evitar su propagación y poder brindar servicios de salud eficientes, aún seguimos atravesando una situación crítica lo que nos lleva a sostener que resulta indispensable prorrogar el plazo fijado el 12 de marzo de 2021, fecha en que culminaría la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria dispuesta por el plazo de un año”, expresaron los diputados oficialistas.
