Papeleras: presentaron demanda en La Haya

Los funcionarios de Cancillería que presentaron ayer ante el tribunal de La Haya la demanda contra el Uruguay por la instalación de plantas de celulosa frente a la sede del organismo: los embajadores Horacio Basabe, Susana Ruiz Cerruti y Santos Goñi.

La Argentina espera que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya decida en menos de tres meses la suspensión de las obras de las plantas papeleras de Fray Bentos, tanto la de la finlandesa Botnia como la de la española ENCE, y que luego se forme una comisión independiente que determine si efectivamente existe el riesgo de contaminación de las aguas del río Uruguay. A partir de allí -consideran desde el gobierno de Néstor Kirchner-, el fallo final del tribunal no debería demandar más de 24 meses en concretarse.

El pedido a que el Tribunal se pronuncie a favor de esta «medida cautelar», según la describió ayer un alto representante del gobierno argentino, se justifica por la decisión de Uruguay de afectar derechos concretos con acciones que podrían provocar un « perjuicio ambiental transfronterizo» en la zona, lo que avalaría el cese de las obras. Dentro del Poder Ejecutivo, consideran que si efectivamente los jueces de La Haya deciden suspender el levantamiento de las plantas de Botnia y ENCE por tres meses, la mitad del caso estaría resuelto a favor de la posición argentina; y que sólo restaría que la comisión haga su trabajo. Otros sectores del gobierno argentino son menos optimistas y afirman que hay poca jurisprudencia a favor de la aceptación de una medida cautelar o amparo por parte del Tribunal Internacional, ya que los únicos casos de este tipo refieren a pedidos de clemencia por penas de muerte. Igualmente, los defensores de la «precautoria» aclaran que éste es el primer tema estrictamente ambiental que debe enfrentar La Haya entre un gobierno y compañías radicadasen otros países, lo cual implicaría que no hay que medirse con otros temas que definió el tribunal.

Puntualmente, a las 13 de la Argentina, Jorge Taiana recibió desde Holanda la confirmación que el gobierno estaba esperando: el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya aceptó la presentación del gobierno nacional, y el caso de las papeleras de Fray Bentos pasará a ser resuelto a partir de ahora en ese ámbito. Sólo restaría un trámite burocrático que el Ejecutivo nacional descarta como positivo: que La Haya se expida favorablemente a tomar el caso como válido. El ministro de Relaciones Exteriores comunicó la novedad a Néstor Kirchner, quien, a su vez, le indicó salir al lobby del Hotel Casino Iguazú, donde se desarrollaba la cumbre presidencial entre el argentino, Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales, y anunciar los pormenores jurídicos que llevaron al Ejecutivo a decidir esta salida para resolver el caso de las papeleras de Fray Bentos.

Taiana, visiblemente incómodo ante tantos micrófonos mal organizados (una escenografía a la que el canciller no está acostumbrado), dio sus explicaciones aun sin tener las 15 páginas principales de la presentación ante La Haya totalmente leídas. Sucede que hasta último momento, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, la encargada oficial de llevar adelante el caso ante el tribunal, hizo algunos cambios formales que impidieron que se tuviera el texto definitivo a tiempo para cuando Taiana tomó el avión que transportó al gabinetea Iguazú, ayer a la mañana. El ministro enfrentó entonces su primera exposición pública sobre el caso con el contenido general en la cabeza, y concentrándose en las justificaciones jurídicas de la presentación.

Minutos antes, a las 18 horas de Holanda, Ruiz Cerruti; el embajador argentino ante los Países Bajos, Santos Goñi; y el tercer representante designado para esta gestión, Horacio Basabe, realizaban el trámite de llevar el escrito oficial del gobierno argentino ante el Tribunal Internacional de La Haya. El texto consta de unas 15 páginas membretadas con el escudo del Estado y la leyenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de atenderse los consejos que varios especialistas locales y extranjeros (en particular, los que hizo un estudio jurídico radicado en Londres y que se especializa en temas ambientales contra grandes empresas), que recomendaronque haya un dossier simple, claro y corto que anteceda al escrito de fondo donde se desarrolle el caso según la versión argentina.

Esfuerzos frustrados

Según dijo Taiana ante los micrófonos de Iguazú, Uruguay «violó» el Estatuto del Río Uruguay firmado por los dos países en 1975 y que reglamenta el uso compartido de ese curso fluvial, y que «la Argentina llega a esta instancia luego de ver frustrados sus reiterados esfuerzos promovidos a todos los niveles por alcanzar una solución bilateral a la controversia entre ambos países, derivada de las posiciones unilaterales e ilícitas del Uruguay». Consideró, además, que la solución al diferendo argentino-uruguayo «debe ser compatible con la preservación del río y su ecosistema, así como la salvaguardia de la salud y del bienestar de las comunidades adyacentes a ese curso fluvial». El titular de la diplomacia argentina explicó, asimismo, que las plantas proyectadas «prevén producir un millón y medio de pasta celulósica por año y constituyen uno de los complejos más grandes del mundo», por lo que sostuvo que se «requiere que la Argentina haga valer sus derechos».

Para fundar la acción encarada por el Estado argentino, Taiana citó el Tratado el Río Uruguay de 1995, que establece que «las obras que tengan la posibilidad de afectar las aguas y el curso del río deben ser previamente presentadas a la Comisión Administradora del río Uruguay y deben ser aprobadas por el otro país, dado que es un recurso compartido».