El gobierno argentino terminó de mostrar ayer cuál será la estrategia oficial para las próximas semanas ante el conflicto con Uruguay por las papeleras de Fray Bentos, antes que se conozca el fallo del Tribunal Internacional de La Haya que se espera para el 14 o el 15 de julio. Por un lado, se buscará que el gobierno de Tabaré Vázquez participe desde este viernes de todas las negociaciones como miembro del bloque del Mercosur. Pero, por el otro, se le aclaró ayer públicamente al país vecino, que cualquier discusión sobre las papeleras deberá incluir el compromiso cerrado en marzo pasado en Santiago de Chile entre Néstor Kirchner y Vázquez, a raíz del cual se deberían suspender las obras del proyecto de Botnia y ENCE.
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Finalmente, y a través de una acción del gobierno de Entre Ríos apoyada por el Ejecutivo Nacional, se envió información especialmente preparada para los legisladores de la Unión Europea (UE), quienes en pocos días más abrirán una sesión especial para conocer el conflicto de cerca.
En concreto, la estrategia argentina hasta el 15 de julio es la siguiente:
Para el próximo viernes se espera la llegada del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Reinaldo Gargano, a Buenos Aires. Este debería participar de un encuentro especialmente organizado por la Cancillería de Jorge Taiana, para negociar con sus colegas del Mercosur, incluyendo al venezolano Alí Rodríguez, el contenido de la próxima cumbre del bloque que se tendrá que concretar en Córdoba entre el 20 y el 22 de julio. Sería la primera oportunidad en que Gargano viaje a la Argentina luego del estallido del conflicto. La idea, al menos desde el Palacio San Martín, es que el tema papeleras no se introduzca en la cumbre, y que todos los capítulos a debatir sean vinculados al proceso de integración. Ya hay tres temas que a Kirchner le resultan particularmente gratos para anunciar en Córdoba (la incorporación de Venezuela, el acuerdo comercial con Cuba y un tratado económico con Israel), y se buscará que el transcurso de la cumbre no tenga sobresaltos políticos. Al existir el riesgo cierto de una polémica bilateral por las papeleras, se buscará que el tema quede fuera de agenda. Un argumento importante que se utiliza en Buenos Aires para garantizar esto, es que el fallo de La Haya se conocerá unos 10 días antes.
Lo anterior no quiere decir que el conflicto de Fray Bentos quede fuera de la agenda oficial hasta el 15 de julio, cuando el tribunal internacional dé su veredicto. Ayer fue el subsecretario de Integración, Eduardo Sigal, el que mostró públicamente cuál es la intención oficial. El funcionario declaró que Uruguay encontrará «la mayor predisposición» al diálogo para solucionar el conflicto por las papeleras, pero que «esa voluntad de diálogo debería contemplar lo que ya hablaron los presidentes en marzo, que es la suspensión de la construcción de las obras mientras se realicen estudios de impacto ambiental». Esto quiere decir que para el gobierno argentino, no habrá posibilidades de diálogo si desde Uruguay no se aplica la promesa original de suspender por 180 días las obras de Botnia y ENCE, algo muy lejano, casi utópico, según las últimas novedades. Para dar una idea de la situación, el lunes Vázquez recibió en Montevideo al presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, al que felicitó por la marcha de las obras.
En paralelo a todo esto, el gobierno argentino y el entrerriano enviaron ayer a los legisladores de la Unión Europea-(UE) un resumen de las presentaciones realizadas la semana pasada en el tribunal internacional de La Haya, y donde se justifica el reclamo por la suspensión de las obras de las papeleras en Fray Bentos. El trabajo, confeccionado a través de un soporte en digital y en copias en papel, fue desarrollado por los representantes de la provincia de Entre Ríos que participaron de la delegación argentina en La Haya, y tuvo el aval de la Cancillería de Jorge Taiana. La fiscal de Estado provincial, Claudia Mizawak, que integró la delegación argentina informó que los resúmenes entregados en Europa se basan en los trabajos elaborados por el asesor del gobierno entrerriano, Juan Carlos Vega, y por la Universidad Nacional de Córdoba, sobre el impacto ambiental que provocarán ambas plantas de celulosa. «Lo que entregamos es el material que ha reunido Entre Ríos a través de todas las presentaciones que se hicieron», dijo Mizawak al detallar, entre otros, la documentación presentada ante la ombudsman del Banco Mundial, la entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia penal por tentativa de contaminación contra los titulares de las empresas Botnia y ENCE.
Este trabajo, deberá servir de síntesis, para que los legisladores de la UE que concurran el 20 de junio a la presentación que hará ante el bloque europeo la asesora provincial, Romina Piccolotti, donde justificará los reclamos por la paralización de las obras. Se sabe que del encuentro, que servirá sólo para intercambio de información y no tendrá ningún tipo de decisión vinculante, participarán diputados europeos originariosde Finlandia y España, los países originarios de Botnia y ENCE. Además, estarán presentes otros legisladores provenientes de estados con papeleras en su territorio, como Alemania, Suecia y Francia.
Mientras tanto, los 17 jueces del tribunal de La Haya, que tienen hasta el 15 de julio para resolver el pedido de suspensión de las obras en Fray Bentos, se encuentran desde esta semana concentrados en la resolución de este tema y otros conflictos que la Corte Internacional tiene que cerrar antes de esa fecha. En estos días, los miembros no deberían tener comunicación entre ellos, más allá de las relaciones entre sus secretarios y asesores para conocer más datos que los proporcionados por los dos equipos que plantearon el conflicto la semana pasada: el argentino comandado por la embajadora Susana Ruiz Cerrutti y el uruguayo dirigido por Héctor Gross Espiell.
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