Para fiscal, liberación de Astiz y Acosta implicaría "riesgo de fuga"

El fiscal general de la Cámara de Casación Penal, Raúl Plée, justificó hoy su pedido de suspender la liberación de un grupo de ex represores de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) en el "mayor riesgo de fuga".

Plée afirmó que por ser personas acusadas de haber perpetrado delitos de lesa humanidad "existe un mayor riesgo de fuga".

Tras la presentación de su recurso de apelación, la Cámara Nacional de Casación Penal suspendió de inmediato la orden de excarcelación los ex represores

Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros veinte ex marinos porque se vencieron los plazos que establece la ley para mantener a una persona en prisión preventiva sin un fallo en firme.

"Los delitos de lesa humanidad generan una situación muy especial y transforma a los involucrados en hechos agravantes. Por las características de las personas existe un mayor riesgo de fuga", sostuvo el fiscal.

La decisión final la debe adoptar ahora la Corte Suprema de Justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos argentina anunció que la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar la orden de excarcelación de los ex marinos.

El secretario Eduardo Luis Duhalde anticipó asimismo que pedirá al Consejo de la Magistratura que inicie el juicio político de los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal que autorizaron las excarcelaciones de los ex militares.

La resolución de excarcelación consta de varios fallos similares que afectan a cinco causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura y hoy es el Museo de la Memoria.

Entre esos casos se encuentran la desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, por las que Astiz fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetura y pidió su captura internacional.

Tras la anulación de las leyes de impunidad se multiplicaron las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, en la que desaparecieron unas 30.000 personas, según los organismos de derechos humanos.