Patti, derecho y humano: reclama que lo indemnicen por no dejarlo asumir

Tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el caso Bussi, Luis Patti se presentará a reclamar por sus derechos como quienes exigieron compensaciones por daños producidos durante la dictadura. Quiere que lo indemnicen los 164 diputados, la gran mayoría kirchnerista, que le impidieron jurar su banca de diputado electo del Paufe. El ex intendente de Escobar anunció que demandará a título personal a cada legislador para reclamar sumas millonarias y evitar así dañar las arcas del Estado. También trabaja Patti, confirmado por su partido, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que le devuelvan la banca que ahora ocupa el peronista kirchnerista Dante Camaño, a quien definen como un mero suplente interino. Justo cuando Cristina Fernández de Kirchner quiere presentarse como la renovación institucional de un gobierno que desoyó la voluntad de casi 400.000 bonaerenses que votaron a Patti en octubre de 2005. ¿Se pronunciará la primera dama sobre este tema que ya amenaza con desatar una guerra abierta entre el Poder Legislativo y el Judicial?

Los abogados del ex comisario Luis Patti se basan en una cédula recibida el 29 de mayo de 2006 en la Cámara de Diputados para reclamar que la banca del jefe del PaUFe, actualmente ocupada por el peronista kirchnerista Dante Camaño, sea restituida.

«Voy a iniciar juicios contra todos los diputados que me privaron de mi banca ganada democráticamente. Van a tener que pagar en forma individual por violar la Constitución nacional. Y van a tener que responder con sus bolsillos por daños y perjuicios», bramó ayer Luis Patti en comunicación telefónica con este diario. El ex intendente de Escobar reveló que tras el fallo del viernes pasado -donde la Corte Suprema de Justicia resolvió en el «caso Bussi» que una vez electo un diputado debe ser aceptado y su asunción no puede ser postergada por decisión del Congreso-, demandará judicialmente a todos los legisladores que votaron a favor de la impugnación de su diploma de diputado electo en mayo del año pasado.

La ofensiva judicial del ex subcomisario no apuntará al Estado nacional como persona jurídica, sino a cada diputado de manera individual. «Los juicios que se inicien van a ser contra cada diputado de manera personal para que respondan con su patrimonio y no comprometan los fondos del Estado y de cada ciudadano», explicó el diputado electo del PaUFe que hoy se reunirá con su abogado, Silvio Duarte.

El jefe del equipo jurídico que asesora a Patti es el constitucionalista Gregorio Badeni, quien ayer explicó que para promover esta avalancha de juicios contra los casi 164 legisladores kirchneristas, socialistas, del ARI y una decena de radicales que votaron en mayo de 2006 contra su ingreso en la Cámara baja, será necesario un nuevo fallo de la Corte Suprema esta vez habilitando específicamente a Patti a asumir la banca para la que fue votado por casi 400.000 bonaerenses. «El expediente estuvo estancado misteriosamente casi cuatro meses, así que todavía se pueden producir demoras que tornen el caso abstracto. Razonablemente, el fallo podría salir en dos o tres meses, pero en el caso Bussi la Corte se demoró más de siete años», fue la suspicacia planteada ayer por Badeni en diálogo con Ambito Financiero. Y agregó: «Patti estará en condiciones de promover una demanda por daños y perjuicios y también por daño moral. Los diputados incurrieron en mal ejerciciode sus funciones, previsto en el artículo 1121 del Código Civil».

Pero esa lluvia de demandas no es la única ofensiva que el pattismo prepara contra el gobierno nacional en la Cámara de Diputados. Los abogados del también candidato a gobernador bonaerense van a reclamar ante el Congreso que el peronista kirchnerista Dante Camaño, quien asumió una banca en reemplazo de Patti, le deje su lugar al ex intendente de Escobar.

«Camaño está ejerciendo una suplencia interina. Y eso ya lo saben en la conducción del bloque oficialista porque así los notificó la jueza ( María) Servini de Cubría», advirtió Duarte. El abogado se refiere a la cédula judicial 1681 enviada el 29 de mayo del año pasado desde el juzgado electoral de Servini de Cubría al Parlamento donde se especifica que «corresponde hacer saber a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que al tomar la decisión que amerite corresponda, prevea la posibilidad de que exista una sentencia favorable a las pretensiones del accionante sin que esto implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión que no ha sido aún materia de estudio por parte de este tribunal».

Resistencia

De ese párrafo se aferran los defensores del jefe del PaUFe para reclamar además la devolución de la banca de Patti una vez que la Corte Suprema se expida sobre la impugnación de su diploma por inhabilidad moral. En el bloque del Frente para la Victoria, donde los diputados Araceli Méndez de Ferreyra y Miguel Bonasso actuaron como portavoces del gobierno ante la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento contra Patti, se resisten a la posibilidad de tener que admitir finalmente el ingreso del ex subcomisario al recinto. El kirchnerismo había invocado el procesamiento de Patti por encubrimiento en causas donde se investigan delitos de lesa humanidad (son los casos de los desaparecidos José Goncalvez, Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi) para plantear su falta de aptitud moral para ejercer el cargo de legislador nacional. Hasta el polémico Luis Gerez fue llamado el año pasado para declarar contra el caudillo de Escobar, quien hasta ahora no fue condenado penalmente.

Ayer Bonasso sostuvo que va a «librar una batalla» contra el ingreso de Patti a la Cámara de Diputados y advirtió que si el ex comisario asume su banca, será «un retroceso para la democracia». «La batalla contra la designación de un torturador la vamos a librar hasta último momento», advirtió el legislador, en referencia al reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la prohibición de acceder a una banca a una persona elegida por la voluntad popular. Si bien esa sentencia se refería a Antonio Bussi, serviría de antecedente para habilitar la asunción de Patti.

El kirchnerismo ya está preparandouna carpeta con los fundamentos que sirvieron para privar a Patti de su banca. El artículo 64 de la Constitución nacional donde se establece que cada cámara es juez de los pliegos de sus legisladores y la doctrina de la Corte sobre la teoría de los actos propios serán los principales argumentos del oficialismo de cara a la batalla judicial que se avecina.

Básicamente, el fallo del viernes pasado del máximo tribunal del país sobre el caso Bussi -que ya se tornó abstracto por el transcurso del tiempo- se extiende sobre la oportunidad para plantear la impugnación del diploma de un diputado. La Corte establece como criterio general que para cuestionar el pliego de un candidato, el momento oportuno es su presentación ante la Justicia electoral. Pero una vez expresado el voto soberano de la ciudadanía ya no es posible invalidar el juramento de un legislador electo.