Pelea por decreto contra militares

El secretario general de la Presidencia, Luis Lusquiños; y el secretario de Justicia, Alberto Zuppi, se pelearon ayer en torno a la derogación del decreto que rechaza la extra-dición de militares requeridos desde el exterior. El primero negó que el gobierno tenga pensado derogación alguna y el segundo afirmó que lo está elaborando.

Lusquiños advirtió ayer que «no existe» una decisión del Poder Ejecutivo para derogar el decreto que había firmado Fernando de la Rúa y que impide la extradición de militares acusados de violar los derechos humanos. «Esa decisión no existe. Son dimes y diretes de la vieja Argentina. Todos los sectores tenemos que aprender a convivir», enfatizó Lusquiños. De esta forma, el gobierno pare-ció dar marcha atrás con un anuncio que había realizado el lunes pasado Zuppi, flamante secretario de Justicia.

El funcionario había señalado que la administración de Adolfo Rodríguez Saá tenía previsto derogar el decreto que prohibía la extradición de militares acusados por viola-ciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (entre 1976 y 1983). Zuppi afirmó que ante los requerimientos procesales llegados desde el exterior, los acusados serían «entregados o juzgados aquí» en la Argentina, y que esa decisión «la tomarán los jueces».

Sin embargo, el secretario general de la Presidencia rechazó en declaraciones radiales que se vaya a derogar el decreto y dijo que «ahora estamos en un sistema distinto, tenemos que aprender a convivir todos».

Consultado Zuppi por este diario, contestó ayer a través de un vocero, afirmando que «el gabinete de Justicia está elaborando los fundamentos de ese decreto», subrayando la diferencia de opinión con Lusquiños. Fue más allá e hizo señalar expresamente que «ya tiene una posición tomada y este ministerio no se vuelve para atrás». Zuppi

está elaborando una propuesta y está consultando, según su vocero, con los entes interesados en el tema, aclarando que se trata de organizaciones de derechos humanos.

El 17 de noviembre último, el gobierno de De la Rúa había rechazado el pedido de extradición contra 18 militares que había solicitado el juez español Baltasar Garzón para juzgarlos por «genocidio» y «torturas»; y el pedido de Alemania para enjuiciar en ese país a Guillermo Suárez Mason. La resolución se basó en la aplicación del principio de territorialidad -es decir, el derecho que tienen los países de juzgar los delitos convertidos en su territorio-, y fue firmada entonces por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en ausencia del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini. Una doctrina jurídica internacional que se impulso durante la gestión de Carlos Menem.

En tanto, Lusquiños destacó la figura de Zuppi y lo definió como «uno de los abogados e intelectuales más brillantes de la República Argentina». Y agregó: «Sabemos perfectamente que hay sectores a los que no les agrada la figura de Zuppi», enfatizó el funcionario.