Peligroso: le proponen a Kirchner más populismo

Por distintos flancos, el gobierno se ve compelido -o tentado- a ingresar en el túnel del tiempo del populismo. Ya decidió, por ejemplo, extender los controles indirectos de precios, limitados, hasta ahora, a algunos alimentos y bebidas, basados en la publicación de valores «de referencia» para esos productos. En enero, esa modalidad se aplicará a medicamentos y, con el paso de los meses, a los materiales de construcción y a los artículos de librería. En el Ministerio de Economía, aclaran que no se trata de una medida dirigista, porque siempre estará garantizada la libertad del consumidor si quiere adquirir un bien que se ha encarecido demasiado (curiosidades biográficas: Lavagna se estrenó como economista en la oficina dedicada a controlar los precios de la gestión de José Ber Gelbard, en 1973). Desde el costado sindical, la retrocarrera sería más audaz: Hugo Moyano presiona al gobierno no sólo para derogar la ley laboral cuya aprobación está sospechada por la denuncia de coimas o estímulos económicos. Mientras el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional la renovación del programa de financiación, este sindicalista exige a Kirchner que elimine todas las reformas introducidas en el régimen de trabajo durante los años '90 para volver a la Ley 14.250 de 1953. Frente a semejante salto hacia el pasado, el setentismo de Lavagna parece progresismo.

El Congreso demorará hasta febrero la discusión sobre la forma en que se derogará, casi con seguridad en marzo, la reforma laboral de Fernando de la Rúa. La ley, sospechada de haber sido votada a cambio del supuesto soborno a senadores en el año 2000, no será anulada, a pesar de los reclamos del camionero Hugo Moyano y otros sectores políticos y sindicales.

Según el plan acordado entre los caciques parlamentarios del PJ y Néstor Kirchner, el peronismo de Diputados propondrá rondas de consulta con empresarios, gremialistas y especialistas en Derecho Laboral dentro de 40 días, a modo de preámbulo para la modificación de la Ley 25.250 que dejará de regir para el futuro (a diferencia de la anulación, que borra también los efectos hacia el pasado, como si nunca hubiera estado vigente).

En ese sentido, la bancada que capitanea José María Díaz Bancalari parece haber tomado la delantera, lo cual derivaría en un previsible conflicto estival con el Senado. Allí, se produjo un amague de votación contra la ley Flamarique, cuando expiraba el período de sesiones ordinarias 2003.

En el mismo recinto, la sanluiseña Liliana Negre de Alonso -en una abierta reivindicación de Alberto Rodríguez Saá que se opuso a la sanción en tiempos de la Alianza- estuvo a punto de precipitar el debate, tras alentar la anulación. Muchos colegas del oficialismo se mostraron proclives a acompañarla.

Tenían la mente puesta en desligarse de sus antecesores que desfilarán por Tribunales desde los primeros días de 2004, a raíz de las imputaciones del «arrepentido» Mario «Tato» Pontaquarto. Los actuales miembros de la Cámara Alta son conscientes de que el affaire salpica a la institución, aún cuando quienes ocupan hoy bancas no mantengan vinculación alguna con Augusto Alasino y compañía.

Un llamado muy oportuno desde la Casa Rosada evitó que los aprestos se transformaran en realidad. Sea como fuere, los senadores se sienten forzados a tomar la iniciativa a la hora de derogar la reforma y demostrar así que no existe correspondencia entre éste y el denominado «viejo Senado».

Díaz Bancalari, que superó en víspera de fin de año el despliegue de sus colegas de la otra ala legislativa, ya avanzó en conversaciones con Kirchner y acordó los pasos a seguir:

• Esperar hasta febrero para comenzar las consultas con gremios, abogados laboralistas y empresarios.

• Por ahora, esas conversaciones -que servirán para darle presuntas trasparencia y pluralidad a una resolución ya tomada- serán organizadas por la bancada peronista, aunque no se descarta que, de manera consensuada con el resto de las escuderías, los expositores desfilen ante un plenario de comisiones, encabezadas por el cervecero Saúl Ubaldini, aspirante a continuar en la dependencia de Trabajo de Diputados.

• No está previsto, por ahora, convocar a extraordinarias, a fin de votar la derogación antes del 1 de marzo.

• La derogación quedaría sancionada una vez que empiece el período de ordinarias y se completen las consultas.

• En el ínterin, surgirá una puja con los senadores del PJ, los cuales, seguramente, querrán hacer marketing y «limpiar» su imagen, asumiendo la derogación como leit-motiv.

A pesar de los reclamos de Moyano y la llamada CGT disidente (y de las más que fluidas relaciones con el kirchnerismo), la anulación quedó descartada por varias razones, de acuerdo con lo que trascendió de íntimos de Díaz Bancalari:

• para anularla, habría que tener la certeza de que la ley Flamarique fue «comprada».

• Sería muy poco serio basarse sólo en presunciones, por más convincentes que resulten.

• En este supuesto, debería contarse con una sentencia firme y, obviamente, en sentido condenatorio de funcionarios del Ejecutivo y de senadores, en la Justicia.

• Tal requisito podría demorar, por lo menos, un par de años, según estimaciones del propio defensor de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre.

• Además, semejante extremo no sólo generaría otro mal precedente a ojos del FMI (ya generó inquietud, en materia de seguridad jurídica, la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final al comienzo de la gestión Kirchner -para muchos constitucionalistas, la anulación de leyes resultaría inconstitucional y abre, necesariamente, un litigio en Tribunales- sino que también afectaría convenios laborales vigentes.