Penoso: diputados quieren levantar el secreto bancario

El diputado Carlos Raimundi -ex Federico Storani, ex Frepaso y ahora, en otro cambio, junto a Elisa Carrió del ARI-presentó un proyecto que obligaría a los bancos a levantar el secreto bancario no solamente, como hasta ahora, a pedido de un juez o de la DGI, que es lo que corresponde en cualquier país, sino también a las "comisiones investigadoras" de nuestro escasamente prestigiado Parlamento. Hace 7 meses que la Argentina subsiste sin tener un sistema financiero -una rareza internacional-y este legislador Raimundi quiere ayudar a que nadie se acerque más a los bancos. Una "comisión investigadora" de Elisa Carrió, por ejemplo, inventó lo de "lavado de dinero", algo irrelevante en el país, como se reconoce inter-nacionalmente, denostó a decenas de personas y no pudo probar nada. Con una ley como la que propone su adlátere Raimundi, además, tal alarmante legisladora le habría revisado las cuentas a la mitad de los argentinos. Poco serio. Peligroso el proyecto porque lo acompañaron radicales y justicialistas que ambicionan, a partir de que designaron al presidente de la Nación y no el voto de las urnas, establecer la "patria parlamentaria". Poco serio.

La Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas presentó ayer un peligroso proyecto para obligar al levantamiento del secreto bancario en los casos en que cualquier investigadora del Congreso lo solicite a una entidad financiera. El proyecto, que lleva la autoría del arista Carlos Raimundi, fue ratificado de inmediato por el resto de los diputados de la comisión y ahora deberá tratarse en el recinto de sesiones. La explicación es clara: los diputados «investigadores» que intentan develar la supuesta fuga de divisas del país -en muchos casos analizan transferencias de fondos que hasta diciembre eran práctica normal y legal como en cualquier país del mundo- se encontraron con la imposibilidad de obtener datos de los bancos y ahora quieren tener tanto poder para hacerlo como la Justicia.

Hasta ahora un banco está obligado a levantar el secreto sobre sus cuentas sólo si lo exige un juez o, por ejemplo, un procedimiento de la AFIP, aunque en este caso también hace falta intervención judicial en la mayoría de la causas. El proyecto presentado ayer incorpora a esas excepciones al secreto bancario «cuando sea pedido por una investigadora parlamentaria», según explicó ayer el peronista cordobés Eduardo Di Cola, jefe de esa comisión.

La mayoría de sus integrantes reconocieron que el proyecto tuvo aceptación entre los diputados al comprobar las dificultades con las que en estos seis meses de trabajo se viene topando la Comisión para poder avanzar en la investigación de responsabilidades en la fuga de divisas al exterior.

«La imposibilidad de avanzar rápidamente en el trabajo se debe a que los bancos son reticentes» a ofrecer información. Es imprescindible que el Congreso sea habilitado por ley a acceder a esas informaciones», dijo ayer Di Cola.

• Nuevo temor

Como si la Argentina no tuviera ya problemas con la virtual inexistencia de un sistema financiero, ahora se suma otro temor. Será difícil que la gente vuelva a depositar fondos en los bancos después de la experiencia del «corralito», pero resultará más difícil aún si cualquier comision investigadora, sin pasar por la Justicia, puede intimar a un gerente de sucursal a que le mande la nómina de los saldos de cuentas y por dónde circuló el dinero de los particulares. Este posibilidad no sólo está restringida en todo el mundo sino que forma parte esencial de las seguridades que los países serios le dan a sus depositantes. Es decir, sólo con intervención judicial se puede levantar esa privacidad.

Por lo pronto, y como todavía no terminó de elaborar el preinforme, que intentará emular al ya famoso de Elisa Carrió sobre lavado de dinero, la Comisión Investigadora presentó un pedido de prórroga de su plazo de vida -que ya finalizó- por otros 120 días.