Inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, realizó una denuncia penal en la justicia federal para que se investiguen cinco contrataciones llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de la emergencia sanitaria.
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De acuerdo a la presentación judicial, se habría dado una concentración de compras a tres oferentes por un monto total de $543.408.400 y con sobreprecios en los productos a ser adquiridos.
La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad, previstos en los artículos 174 inciso 5 y artículo 248 del Código Penal. También se menciona la posibilidad de que se haya cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
De acuerdo a lo estudiado en la investigación preliminar (IP) realizada por la PIA -que llevó adelante distintas medidas de prueba, además del análisis de expedientes administrativos-, se determinó que se habría establecido un esquema de concurrencia simulado en la invitación de distintas empresas que en realidad pertenecerían a los mismos grupos económicos, por lo que concentrarían de esta forma las adjudicaciones efectuadas.
En el documento, el fiscal Rodríguez solicitó que se habilite la feria extraordinaria por “la gravedad institucional de los hechos denunciados, su impacto social, la necesidad de realizar medidas de pruebas de carácter urgente y la posibilidad que los mismos puedan seguir causando efectos más allá de la suspensión” de la ejecución del procedimiento contractual, dispuesta por el titular de la cartera del Poder Ejecutivo Nacional en cuestión. También, le solicitó al juez una serie de medidas para profundizar la investigación y le comunicó que la PIA se constituyó como parte acusadora en el sumario administrativo iniciado por el Ministro de Desarrollo Social por lo que, de producirse avances de interés para la investigación penal, podría comunicarlos.
La denuncia realizada por la PIA se inició tras una presentación de la abogada Silvina Martínez, que indicó que en la mayoría de las contrataciones directas por emergencia efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación era posible advertir sobreprecios en los productos adquiridos, sin justificación alguna.
La PIA reseñó que entre el 31 de marzo y el 2 de abril de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación emitió una serie de actos administrativos donde autorizó a efectuar distintas contrataciones directas por emergencia, en el marco de la pandemia de Covid-19. Allí se aprobaron los correspondientes Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se estableció que el monto total comprometido era de 543.408.400 pesos.
En la denuncia, se explicó que esas contrataciones fueron adjudicadas a distintas firmas que, en general, cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y dejaron de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional. Esto habría generado un eventual perjuicio patrimonial. Además, se detectó que las empresas adjudicatarias formarían parte de sendos grupos económicos, encontrándose vinculados los integrantes de cada una de ellas.
Por ejemplo, en el caso de la contratación para adquirir aceite mezcla en envases de 1,5 litros, el precio testigo suministrado por la SIGEN fue de 131,02 pesos (iva incluido). No obstante, se le adjudicó a la firma TEYLEM S.A. 340 mil unidades de aceite por un precio unitario de 166,58 pesos; a la firma SOL GANADERA S.A la misma cantidad de productos por 157,80; y a la firma COPACABANA S.A por 158,67 pesos.
En síntesis, los productores venden a los intermediarios el aceite marca Ideal a $ 83,40, marca Casaliva a $ 82.28 y marca Indigo entre $ 95 y $96 -precios finales con impuestos incluidos-. Sin embargo, el Estado adjudicó esas mismas marcas en las sumas de $ 157,80, $ 158,67 y $ 166,58, en las mismas condiciones de cantidades, plazo de pago y lugares de entrega. La diferencia llega al 100% en alguno de los casos.
Con respecto a la adquisición de paquetes de 1 kilo de azúcar común tipo A, el precio testigo era de 58,49 pesos. Se adjudicaron 340 mil kilos a COPACABANA S.A por un precio de 74,97; y a ALIMENTOS GENERALES S.A. por 75,20 pesos. Así es que el productor de la marca de azúcar La Muñeca, vende a los intermediarios el paquete de 1 Kg a $46.58, mientras que el Estado adjudicó esa misma marca a $ 74,97 y a $ 75,20 en las mismas condiciones de cantidades y plazo de pago.
Para los fideos, el precio testigo era de 84,39 pesos. Se le adjudicó a SOL GANADERA S.R.L. por 85,76 pesos; a COPACABANA S.A. por 84,77 pesos; y a FORAIN S.A. por 84 pesos.
El precio testigo suministrado para las lentejas era de 157,60 pesos. Se le adjudicó a COPACABANA S.A por 166,74 pesos; a FORAIN S.A por 168,80 pesos; y M.H. ACCURSO SRL, por 170 pesos. Finalmente, en el caso del arroz, el precio testigo era de 61,59 pesos. Se le adjudicó a TEYLEM SA por 68 pesos; a ALIMENTOS GENERALES por 68,20 pesos; y a COPACABANA SA, por el precio unitario de 68,77 pesos.
"Se vulneró la finalidad perseguida por las contrataciones, esto es, la obtención de la oferta más conveniente para el organismo contratante”, consideró el fiscal Rodríguez.
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