PJ y UCR divididos por cláusula para cuidar al monopolio

Alfonsín suele defender a Duhalde no porque tenga virtudes intrínsecas sino porque «si se cae viene una dictadura». Pero se están multiplicando algunas prácticas institucionales en el país que van en esa dirección, aunque gobiernen Alfonsín y Duhalde. Días atrás, se supo que un legislador, el inefable Toma, visitó a la jueza Servini de Cubría para pedirle indicaciones sobre cómo legislar en el caso de la «subversión económica», de modo tal «que no quede libre ningún banquero». El paso dado por Toma y, con él, por el Congreso, es gigantesco: la Legislatura está para dictar normas de carácter general. No para hacer leyes a la medida de la libertad o el cautiverio de una persona, aunque se trate de alguien que merezca prisión. Esto de legislar «a medida» se verificó nuevamente ayer. Un grupo de senadores presentó un proyecto a pedido de una empresa, el grupo «Clarín». Proponen que el capital extranjero no pueda exceder 25% de la propiedad de una compañía si es un medio de comunicación. El monopolio conseguiría así lo que no logró con la Ley de Quiebras: evitar que sus acreedores extranjeros se cobren con acciones su deuda.

Peronistas y radicales se dividieron ayer en sendos proyectos para exceptuar a los medios de comunicación de la Ley de Quiebras, con la amenaza de ponerlos en consideración sobre tablas hoy mismo, a continuación de la aprobación del nuevo régimen de concursos que restituye el «cram down» en el Senado (ver nota vinculada).

Sin margen para incorporar modificaciones a esta norma que figuraba como prioridad en el «Documento de 14 puntos» de los gobernadores, los bloques mayoritarios parecen juramentados a sacar una suerte de correctiva y así congraciarse, fundamentalmente, con el monopolio «Clarín», uno de los beneficiarios de la exclusión a la aplicación del «cram down» a las empresas concursadas o en quiebra.

El oficialismo ya tiene presentada una iniciativa, cuya autoría corresponde a Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro). Se trata de un remedo de la ley cultural que promovió, sin éxito en Diputados, el manzanista Miguel Angel Toma, quien para defender al holding Magnetto-Noble camufló los diarios, radios y TV entre circos y empresas de fotografía.

• Intenciones

Pichetto disfrazó sus intenciones en un proyecto que prohíbe la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación, más allá de 25%, cuyo antecedente es la ley Dromi de radiodifusión, que fijaba un tope de 45% en 1989. Curiosamente, lo que parece un gesto favorable podría convertirse en un lastre si se espantan de esta forma las eventuales inversiones del exterior. Esta regulación impediría que, mediante el «cram down», un acreedor se hiciera cargo de una empresa periodística o editorial en general, radios, productoras de contenidos audiovisuales y hasta proveedoras de accesos a Internet. Todos rubros en los que opera el monopolio «Clarín».

Anoche, la sanluiseña Liliana Negre de Alonso -opuesta a esta propuesta- denunció que se giró a la Comisión de Libertad de Expresión la iniciativa por temor a que ella la frenara en Legislación General, donde debería analizarse la cuestión, ya que modifica la Ley de Quiebras.

Los radicales se esmeraron un poco más en cuanto al camuflaje y prometieron presentar hoy una ley de preservación de intereses estratégicos nacionales, también a exceptuar del «cram down». A instancias de Raúl Alfonsín, Rodolfo Terragno, Horacio Usandizaga y Raúl Baglini incluyeron el patrimonio arqueológico y las empresas de tecnología de punta, junto a los medios y operadoras del servicio radioeléctrico.