Alfonsín suele defender a Duhalde no porque tenga virtudes intrínsecas sino porque «si se cae viene una dictadura». Pero se están multiplicando algunas prácticas institucionales en el país que van en esa dirección, aunque gobiernen Alfonsín y Duhalde. Días atrás, se supo que un legislador, el inefable Toma, visitó a la jueza Servini de Cubría para pedirle indicaciones sobre cómo legislar en el caso de la «subversión económica», de modo tal «que no quede libre ningún banquero». El paso dado por Toma y, con él, por el Congreso, es gigantesco: la Legislatura está para dictar normas de carácter general. No para hacer leyes a la medida de la libertad o el cautiverio de una persona, aunque se trate de alguien que merezca prisión. Esto de legislar «a medida» se verificó nuevamente ayer. Un grupo de senadores presentó un proyecto a pedido de una empresa, el grupo «Clarín». Proponen que el capital extranjero no pueda exceder 25% de la propiedad de una compañía si es un medio de comunicación. El monopolio conseguiría así lo que no logró con la Ley de Quiebras: evitar que sus acreedores extranjeros se cobren con acciones su deuda.
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Sin margen para incorporar modificaciones a esta norma que figuraba como prioridad en el «Documento de 14 puntos» de los gobernadores, los bloques mayoritarios parecen juramentados a sacar una suerte de correctiva y así congraciarse, fundamentalmente, con el monopolio «Clarín», uno de los beneficiarios de la exclusión a la aplicación del «cram down» a las empresas concursadas o en quiebra.
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