Frente al régimen vigente de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto aprobado en el Senado introducía un sistema escalonado de pago de licencias por enfermedad que generó un debate sobre derechos y costos laborales.
La reforma laboral de Milei generó polémica por los cambios que plantea para la cobertura del trabajador ante problemas de salud.
El Senado dio media sanción el jueves pasado al proyecto de reforma laboral de Javier Milei. A partir de allí, la discusión se encendió entre legisladores, abogados, funcionarios y especialistas por los cambios que la iniciativa pretende introducir en lo que respecta a las licencias médicas.
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Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, intentó explicar qué puede pasar con el salario de un trabajador en caso de enfermedad y las herramientas que podría tener el empleador. No fue suficiente. Anunciaron que lo van a quitar.
A partir de allí, la polémica se abrió sobre lo que podría pasar en el caso que la reforma laboral se apruebe en Diputados y se convierta en ley. Los alcances de la normativa entraron en discusión, con miles de casos y situaciones sobre lo que implica para los trabajadores en relación de dependencia. Aquí, una guía para saber qué dice la ley laboral actual y lo que busca implementar el Gobierno con los cambios.
Bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente en Argentina, los trabajadores que contraen una enfermedad o sufren un accidente fuera de su horario laboral tienen derecho a percibir el 100% de su salario durante el período legal de licencia por enfermedad inculpable o accidente no laboral.
Ese período varía según la antigüedad del trabajador: hasta 3 meses de licencia paga para quienes tienen menos de cinco años de antigüedad, y hasta 6 meses para los que superan ese umbral, siempre con reserva del puesto de trabajo durante ese tiempo. La legislación actual busca proteger el ingreso del trabajador durante la recuperación sin vincular explícitamente la causa de la inasistencia a recortes salariales.
Este esquema incluye obligaciones tanto para trabajadores (como presentar certificados médicos y avisar al empleador) como para las empresas, que deben cubrir el salario completo durante el tiempo de licencia legal.
El proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado y que ahora se debatirá en la Cámara de Diputados introduce modificaciones significativas en el pago de licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral, entre otros aspectos del régimen laboral argentino.
Según el artículo 44 del texto reformado:
Pago al 50% del salario: si el empleador determina que la incapacidad para trabajar se originó en una “actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo para la salud” —como lesionarse jugando al fútbol o practicando deportes de riesgo— el trabajador percibirá solo el 50% de su remuneración durante la licencia.
Pago al 75% del salario: en los casos donde no haya una actividad voluntaria riesgosa —por ejemplo, una gripe severa o un accidente imprevisto— el trabajador recibiría el 75% de su sueldo durante el período de licencia, lo que representa un recorte frente al esquema vigente.
Este sistema escalonado de remuneración se aplica por períodos de tres o seis meses dependiendo de la antigüedad y la situación familiar del trabajador, pero establece criterios que permiten al empleador evaluar y, en muchos casos, reducir el salario durante la convalecencia.
Además, las normas del proyecto prevén que los trabajadores deberán presentar certificados médicos detallados y que el empleador podrá solicitar controles médicos propios; ante discrepancias pueden intervenir juntas médicas con costo a cargo de la empresa, lo que introduce un rol más activo del empleador en la determinación de la licencia.
La reforma representa (hasta que se concrete la eliminación del artículo 44) un cambio profundo en la cobertura salarial durante licencias por enfermedad o accidente no laboral:
Pasa de un modelo en el que el trabajador recibe el 100% de su salario durante toda la licencia legal, independientemente de la causa, a uno donde la cuantía del pago depende de la evaluación del origen de la incapacidad.
Esto transfiere mayor peso al empleador para calificar la causa de la ausencia y definir el porcentaje salarial a percibir.
Los críticos del artículo advierten que esto puede abrir la puerta a litigiosidad y decisiones discrecionales, al tiempo que genera incertidumbre sobre la protección de los ingresos del trabajador en situaciones de vulnerabilidad médica.
Por el contrario, quienes defienden el cambio argumentan que busca desincentivar el ausentismo injustificado y aliviar los costos para las empresas, que actualmente sostienen el pago pleno sin distinción de causa.
El debate ahora se trasladará a Diputados, donde el texto podría sufrir modificaciones antes de su sanción definitiva, en medio de protestas sindicales y cuestionamientos de sectores de la oposición por el alcance de estas transformaciones en los derechos laborales.
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