Por el caso López, Macri reimpulsa la ley del arrepentido
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"La Ley del Arrepentido, puede colaborar y mucho en esto y por eso me comprometí en la campaña a impulsarla y estamos trabajando en un modelo definitivo", precisó el mandatario. "Pero para aquellos que se quieren arrepentir, también todos están ligados al lavado de dinero y ya tienen esa figura en el caso de querer aplicarla y ayudar a que las investigaciones progresen a mayor velocidad", les advirtió.
En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lamentó que la suma millonaria secuestrada al dirigente peronista "es plata que no fue a escuelas, cloacas y obras" y destacó que "con López se terminó la discusión sobre si había o no corrupción en la obra pública kirchnerista".
La Ley del Arrepentido para favorecer la investigación en delitos contra el patrimonio estatal que impulsará el Gobierno, según confirmó Peña ofrecerá una reducción de penas de entre un tercio y la mitad del total a quienes colaboren, además de castigos de entre uno y diez años de prisión a quienes brinden información falsa.
Así se consigna en el anteproyecto que tiene listo el Gobierno -al que tuvo acceso la agencia Télam-, y que fue confeccionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con la Oficina Anticorrupción.
"Sólo podrán celebrar acuerdos de colaboración quienes brinden información sobre autores o partícipes que ocupen una posición jerárquica superior o igual a la suya en la división de tareas llevadas a cabo para cometer el plan delictivo", remarca el borrador, para que no sean beneficiados los funcionarios de mayor alto rango en detrimento de sus subordinados.
En su artículo 2do, el anteproyecto establece como "ámbitos de colaboración" siempre que el imputado brinde "información comprobable, precisa y útil" para evitar la "ejecución, consumación o continuación de un delito investigado u otro, ayudar a esclarecer delitos investigados, revelar la identidad de autores o partícipes, permitir la recuperación de los bienes y el producto o provecho de los delitos" y revelar "la estructura jerárquica o la división de tareas para la comisión de los delitos investigados".
La Ley del Arrepentido apunta, según se explica en los considerandos del anteproyecto, a quienes hayan participado en uno de los delitos contra la administración pública tipificados en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis y X del Título XI de la Segunda Parte del Código Penal.
También se destaca que la figura del colaborador se encuentra contemplada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ambas ratificadas por el Estado argentino, así como que ya rige en leyes nacionales como la de Trata de Personas y de Lavado de Dinero.
Según informaron a Télam fuentes oficiales, el ministro Germán Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, revisaron en las últimas semanas el anteproyecto y le presentaron modificaciones.
Si bien es verdad que el compromiso con una Ley del Arrepentido había sido ratificado por el Presidente en marzo pasado, en la Casa Rosada había dispares opiniones en cuanto al momento para enviarlo, ya que, según trascendió desde el oficialismo, había reticencias para que sea tratado desde autoridades del bloque del PJ-Frente para la Victoria.
Marcos Peña y Macri por su parte declararon en igual sentido: "Estamos terminando de definir un proyecto y se va a enviar (al Congreso). Aún no sabemos si hay un consenso parlamentario para que se trate, lo vamos a seguir impulsando".
Sobre el final, el anteproyecto hace un gesto a la oposición y cita proyectos ya presentados en el congreso de autoría de los diputados Luis Petri y Julio Cobos, Graciela Camaño y Sergio Massa y Ricardo Alfonsín y Margarita Stolbizer.




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