El Gobierno nacional publicó ayer, tal como lo aprobó el Congreso el mes pasado, una serie de leyes secretas dictadas durante la última dictadura que hacen referencia a la utilización de fondos públicos por parte de las Fuerzas Armadas y a la guerra de las Islas Malvinas.
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Mediante las normas que la dictadura mantuvo en reserva se redistribuyeron fondos por varios billones de pesos de aquella época y también se otorgaron pensiones "vitalicias e inembargables" sin ningún tipo de explicación.
Una de las leyes secretas publicadas ayer, la 22.559, está directamente relacionada el conflicto bélico entre la Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que comenzó con el desembarco argentino el 2 de abril de 1982.
El texto, fechado el 30 de marzo de 1982, establece que "en el supuesto de situaciones que afecten la seguridad nacional, el Poder Ejecutivo Nacional podrá constituir teatros de operaciones y gobernaciones militares y designar a los respectivos comandantes y gobernadores militares en cualquier jurisdicción".
El 28 de abril de 1980, Ley 22.215 hizo extensivo el régimen de exención a las Policías provinciales y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud para importar elementos o equipos de seguridad para reequipamiento de las fuerzas.
El texto lleva las firmas de los ministros Albano Harguindeguy (Interior), José Alfredo Martínez de Hoz (Economía) y el contralmierante David De la Riva (Defensa).
La Ley "S" 22.281, fechada el 1 de septiembre de 1980 y firmada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, incrementó en 712 mil millones de pesos el Presupuesto de Defensa, que se distribuyó entre las Fuerzas Armadas.
Además, aumentó en 283 mil millones de pesos los fondos del Comando en Jefe del Ejército y en 791 mil millones de pesos lo destinado al pago de proveedores y contratistas.
El 23 de julio de 1981, el ministro de Acción Social, vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, concedió -mediante la Ley 22.474- una "pensión vitalicia e inembargable" a Manuel García Arguelles y Enso Premoselli, equivalente a cinco veces el haber mínimo de jubilación ordinaria.
Lacoste otorgó otra pensión vitalicia de características similares a Angel Atilio Gelain mediante la Ley 22.576, del 26 de abril de 1982; y también concedió esa ayuda a Juan Santino Manuelides por la Ley 22.592, del 20 de mayo de 1982.
Además, recibió un beneficio de ese tipo Reynaldo Ernesto Reed, pero en este caso por seis veces el valor del haber jubilatorio mínimo, a través de la Ley 22.637, firmada por el entonces ministro de Acción Social, Adolfo Navajas Artaza, el 8 de septiembre de 19982.
La Ley "S" 22.489, con fecha del 27 de agosto de 1981, incrementó en 2,08 billones de pesos el Presupuesto nacional, que se distribuyó principalmente en las áreas de Defensa, Seguridad y Economía.
Además, se aumentó en 734 mil millones de pesos los fondos para las conducciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; se elevó en 1,2 billones de pesos el dinero para pagar proveedores y contratistas; y se sumaron 2,9 billones de pesos a los presupuestos de distintas áreas de las Fuerzas Armadas.
La Ley 22.642, del 13 de septiembre de 1982, convalidó "las operaciones crediticias realizadas en el ejercicio 1981 en el país y en el exterior, con garantía del Tesoro Nacional, por los comandos en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea", por 1,6 billones de pesos, 935 mil millones de pesos y 709 mil millones de pesos, respectivamente.
Lleva las firmas del ministro Julio Martínez Vivot (Defensa) y de Jorge Jebe (Economía).
Además, la Ley 22.862, del 29 de julio de 1983 y firmada por Vivot y Wehbe, condonó los intereses resarcitorios a las Fuerzas Armadas por los combustibles y lubricantes "utilizados en operaciones" militares.
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