Alberto, a una semana de su decisión política más importante

Política

El asedio empresarial, y político, sobre Olivos llevó al Presidente a fijar una fecha de apertura del aislamiento más declamativa que operativa

En una semana, Alberto Fernández deberá tomar la decisión, política y sanitaria, más trascendental desde que decretó el aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19. El Presidente mencionó este sábado al lunes 13 como fecha de apertura paulatina de la medida, la misma conversación que mantuvo el viernes en Olivos con representantes de la Unión Industrial Argentina y la CGT. El pedido de relajar el confinamiento social ya había sido sugerido también por los gobernadores del PJ en una videoconferencia en medio de la turbulencia que enfrentó a Alberto con Paolo Rocca por el anuncio de 1.450 despidos en Techint. El Presidente, y el comité de expertos infectólogos coordinados por Santiago Cafiero que priorizan la salud pública a la actividad económica, quedaron rodeados por el ala política y empresaria que reclama la salida del aislamiento.

En Olivos, sin embargo, ratifican que más allá de lo declamativo el aislamiento social continuará por otras vías. Y que el Presidente encendió una luz al final del túnel para ganar tiempo, y oxígeno político, ante el scrum político-empresario hasta que llegue esa fecha. “No estaría tan seguro que se levante el 12 a la noche. Hay que ver cómo llegamos con la curva de contagios”, anticipó un intendente del conurbano preocupado por la distribución de camas, y comida, en su distrito. La crisis sanitaria cruza a la social y genera escenas de desborde como la de los jubilados agolpándose sobre los bancos. Los intendentes del conurbano bonaerense son los más expuestos. En sus municipios es donde es más difícil hacer cumplir el aislamiento. En especial en los barrios de emergencia. Pero también el Alberto Fernández se juega su capital político de cara a una eventual apertura del aislamiento. Hasta ahora la doctrina de priorizar la salud por encima de la economía le otorgó centralidad política y picos de imagen positiva en las encuestas. Incluso entre los votantes de Cambiemos.

Pero en siete días, el Presidente deberá volver a decidir. La apertura del aislamiento podría ser más declamativa que operativa. Se agregarían actividades esenciales y se dispondría el uso de barbijo obligatorio. Pero ni el transporte público ni los comercios o supermercados volverían a funcionar con normalidad. El principal indicio de la continuidad del aislamiento, maquillado, es que no volverán las clases. El cronograma escolar será modificado para adelantar las vacaciones de invierno a mayo. Y, de ser posible, reabrir las escuelas en junio. La presión de empresas, gremios y gobernadores aplicada sobre Olivos llevó al Presidente a fijar una fecha de salida del aislamiento que coincidirá con el pico de contagios en el país y la llegada de las bajas temperaturas. ¿Sería lógico que después de lograr contener un espiral de contagios, el gobierno saque a la calle a la población en la temporada pico de infecciones? El lobby cruzado forzó una apertura del discurso economicista casi al nivel del sanitario más allá de un relajamiento efectivo de la cuarentena.

En ese contexto, el Presidente tiene a la firma un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley de defensa de la competencia. En la videoconferencia de la semana pasada con intendentes del conurbano organizada por Juan Zabaleta (Hurlingham), los alcaldes le pidieron más facultades para poder hacer efectivos los controles de precios. Hasta ahora, tenían potestad para supervisar el programa Precios Cuidados y reportar incumplimientos a la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Paula Español. En materia alimenticia, su poder de policía se reduce al plano bromatológico, es decir a controlar condiciones de higiene y salubridad en los supermercados.

En La Matanza, Fernando Espinoza clausuró una sucursal de una cadena de hipermercados donde encontró gusanos y comida en mal estado. Pero ese poder de policía se limita a lo bromatológico. Hasta ahora, si algún intendente intentaba clausurar un comercio por violación de precios máximos, las cámaras apelaban ante el contencioso administrativo y levantaban la medida aprovechando la pandemia del coronavirus que desbordó la capacidad de control de la Secretaría de Comercio Interior.

Por eso en el DNU que firmará el Presidente se buscará dotar a los intendentes de poder de policía, y de clausura, sobre supermercados y comercios de proximidad que violen los precios máximos, a través de una modificación de la ley de defensa de la competencia. Los jefes comunales ya habían salido en auxilio del Presidente ante el colapso del sistema lanzado por la ANSES para que los jubilados cobren en los bancos. Luego del desborde social frente a las entidades financieras, los jefes comunales aportaron logística y personal para evitar que la escena se repita al día siguiente.

"Los aumentos ocurren en los distribuidores a veces y, fundamentalmente, en los negocios de cercanías", dijo el Presidente en un reportaje con el portal web El Cohete a la Luna. "Estoy preparando un DNU que estará listo el lunes para cambiar la Ley de Defensa de la Competencia y declarar autoridad de aplicación a los intendentes. El problema para que el Estado llegue a los negocios de cercanías es detectarlo", señaló. A modo de ejemplo citó lo que sucede en las carnicerías, donde los distintos actores de la cadena se echan la culpa unos a otros al momento de explicar la situación. "Hay un montón de aumentos de precios que ocurren incomprensiblemente y que ocurren en las carnicerías y en los distribuidores de la carne y en matarifes menores", dijo el jefe del Estado.

"Con ese DNU vamos a lograr que los intendentes puedan aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y que puedan sancionar directamente a esos lugares", sostuvo Alberto Fernández. El Presidente dijo que la situación que lo que pasa con los precios también lleva replantearse por qué hay "pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos", y "eso hay que corregirlo". La medida había sido solicitada en la videoconferencia que mantuvo con intendentes como Espinoza, Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Alejandro Granados (Ezeiza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Jaime Méndez (San Miguel), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Julio Zamora (Tigre), entro otros.

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