La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera acción judicial contra la iniciativa recientemente aprobada en el Congreso. Se trata de una demanda colectiva con la que buscan cuestionar la constitucionalidad de distintos puntos de la normativa impulsada por el Gobierno.
Abogados presentaron la primera acción judicial en contra de la reforma laboral.
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) presentó la primera acción judicial contra la reforma laboral aprobada por el Congreso. Se trata de una demanda colectiva en la que se cuestiona la constitucionalidad de distintos puntos de la denominada Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno.
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La presentación busca que la Justicia declare la invalidez de varios artículos de la norma, al considerar que afectan derechos laborales reconocidos por la legislación vigente.
Desde la entidad sostuvieron que el planteo no responde a una disputa partidaria sino a una discusión jurídica. “No se trata de una discusión política. Se trata de una discusión constitucional”, señalaron desde la asociación al informar la presentación judicial.
En ese sentido, argumentaron que “el artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”.
La acción colectiva abre así el primer frente judicial contra la reforma laboral, en un contexto en el que distintos gremios y organizaciones ya habían anticipado que recurrirían a la Justicia para intentar frenar o modificar algunos de los cambios introducidos por la nueva normativa.
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó la reforma laboral aprobada por el Congreso y presentará un planteo de inconstitucionalidad ante la Justicia. En un comunicado, la central sindical sostuvo que la norma implica “una afectación grave de derechos colectivos e individuales” y advirtió que vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo.
Según argumentó la entidad, la ley contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y principios del derecho laboral como la progresividad y el principio protectorio, que buscan evitar retrocesos en los derechos adquiridos por los trabajadores. Desde la CGT también señalaron que la normativa habilita cambios como jornadas laborales de hasta 12 horas y modificaciones en el esquema de horas extras, lo que —afirman— podría traducirse en una reducción salarial.
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