PBA descomprime cárceles con 800 liberaciones pero Federal rechaza a represores

No alcanza a quienes cometieron delitos graves. El TOF 5 rechazó que por Coronavirus salga exagente Guglielminetti

Julio Conte Grand y Raúl Guglielminetti

Mientras la Justicia federal analiza caso por caso el otorgamiento de prisiones domiciliarias –e incluso las viene rechazando como en el caso del represor Raúl Guglielminetti que intentó pedir el beneficio en base a ser grupo de riesgo del Covid-19- el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, afirmó que en territorio bonaerense concedieron 800 arrestos domiciliarios. Como viene advirtiendo Ámbito Financiero, la cuestión penitenciaria ligada al conavirus se transformó en un dolor de cabeza. La decisión en PBA también apunta a descomprimir la situación de hacinamiento en la que están los penales, eventual foco masivo de contagios en situación de encierro. Todavía no se ha verificado un caso concreto pero se multiplicaron los pedidos de excarcelaciones –con aval de la Defensoría General a nivel nacional y federal y de la propia Procuración Penitenciaria-, algo que intenta ser mitigado desde La Plata con medidas precautorias como la suspensión de visitas, la realización de videollamadas y la habilitación de celulares para que los presos puedan comunicarse sin estar cara a cara con familiares extramuros.

El Tribunal Oral Federal 5 denegó la prisión domiciliaria a Guglielminetti, de 80 años, porque reiteró -al igual que en otros fallos- que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) adoptó un protocolo de prevención ante el Covid-19 y que debe examinarse cada caso en particular. El listado de 1280 presos en igual situación fue revelado por Ámbito Financiero. El exagente de inteligencia está condenado a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura y está preso en Marcos Paz. Al pedir el beneficio su defensa pública argumentó que está dentro de los grupos de riesgo frente a la pandemia y no hay riesgos procesales si cumple la condena en su domicilio. El Tribunal -resolviendo en forma remota por el aislamiento social obligatorio- rechazó el planteo y dispuso que se le brinde “la atención médica y seguimiento que sus patologías exigen” y se informe “con carácter de urgente” cualquier “novedad” que surja sobre su salud.

En tanto, Conte Grand, confirmó a Télam que “se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario”. Desde que comenzó la cuarentena hubo cerca de 2.000 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, de los cuales el 40% fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia. Del total de presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, más de 500 se hallaban alojadas en cárceles y el resto detenidos en comisarías. Según trascendió, solo algunos de los más de 500 presos liberados salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, mientras que al resto solo se constató su domicilio. Ese es el problema logístico que en federal se busca conjurar sin solución a la vista: quiénes serán los jueces que estampen sus firmas en las resoluciones si tener la certeza de poder monitorear a quienes sean excarcelados. No se trata solo de exfuncionarios -por los que un sector del kirchnerismo reclama-, sino de todos aquellos que reúnan las condiciones de grupo de riesgo, lo que incluye a condenados por delitos de lesa humanidad, violaciones o delitos vinculados con asesinatos, como el Triple Crimen de General Rodríguez. La “casuística” en federal no ha arrojado muchas salidas, más bien lo contrario.

De acuerdo con los datos que aportaron las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la Justicia, en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo, algunos de ellos con tuberculosis, HIV o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis. Ese informe es similar al que presentó el SPF la semana pasada con el resultado de 1280 detenidos, más de la mitad de ellos con prisión preventiva que integran los grupos de riesgo ante el coronavirus.

“Hay muchas personas que cumplen pena privativa de la libertad que han cometido delitos que no ameritan ni justifican adoptar estas medidas por la gravedad de los delitos concretados. De modo que lo que hacen nuestros fiscales y defensores es evaluar cada caso”, indicó Conte Grand respecto al intento de descomprimir los penales bonaerenses ante el avance de la pandemia.