La audiencia de conciliación a la que asistieron este lunes la Nación y Córdoba en la Corte Suprema de Justicia terminó en fracaso y dio lugar, de inmediato, a nuevas descargas de fuego cruzado, mientras la provincia se mantiene firme en su reclamo de fondos previsionales adeudados por $ 1.040 millones.
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Al término del encuentro, que comenzó poco antes de las 11:30 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, aseguró que el Gobierno le pidió que "baje" las jubilaciones y abandone el 82% móvil que rige en el distrito mediterráneo.
También dijo que los emisarios de la Casa Rosada, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, exhortaron a Córdoba a tomar como promedio los últimos 10 años, en lugar de cuatro, para establecer el piso de los haberes jubilatorios.
Minutos después de las declaraciones del mandatario, Lorenzino y Bossio encabezaron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, donde retrucaron los comentarios de De la Sota y consideraron que los "problemas de gestión" que afronta la provincia son los que motivaron su reclamo judicial.
En este contexto de efervescencia, el ministro de Economía garantizó que la Nación no tiene intenciones de "restringir, recortar, ajustar ni suspender" ningún derecho adquirido de los jubilados de Córdoba, mientras Bossio instó al gobernador a "cumplir con los compromisos asumidos".
Tras fracasar esta instancia de conciliación, la Corte dará traslado al Gobierno de la demanda que presentó Córdoba, en pos de cobrar unos $ 1.040 millones supuestamente adeudados a su Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, para que el Ejecutivo de la Nación responda por escrito.
De todos modos, Lorenzino y el titular de la ANSeS se mantuvieron firmes en su postura este lunes, pese a los airados reclamos de parte de De la Sota, y fustigaron al mandatario.
El ministro sostuvo que el funcionario cordobés "parecía más un caudillo provincial que un gobernador" con la obligación de articular políticas en pos del "beneficio" de los ciudadanos de la provincia mediterránea.
También dijo que los "problemas" de gestión que se registran en Córdoba, y que llevaron al oficialismo local a votar "entre gallos y medianoches" en la Legislatura provincial una reforma del sistema jubilatorio, "no tienen que ver con el papel de la Nación" y su administración de fondos.
En tanto, De la Sota aseguró que su Gobierno trata de solucionar esta disputa y por eso dio más plazo a la Nación para el pago, y hasta ofreció que una parte lo hagan vía crédito.
Se trata de una causa en la que la Corte Suprema tiene competencia originaria al ser una demanda entre estados, y en donde el entonces Procurador Luis Santiago González Warcalde dictaminó que sea el Alto Tribunal el que deba asumir la competencia del caso.
La presentación del gobierno de Córdoba se produjo a raíz de lo que definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de "armonización" de normas previsionales.
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