Previsible: Urso sobreseyó a Menem en causa cárceles

Carlos Menem

Carlos Menem logró otro fallo de la Justicia que lo libera de la acusación de corrupción en un proceso de licitación para la construcción de dos cárceles bonaerenses.

Antes de empezar la feria judicial, el juez Jorge Urso firmó una resolución en la que sobreseyó al ahora senador en el expediente en el que se investigan sobreprecios pagados presuntamente en la construcción de las unidades penitenciarias de Ezeiza y Marcos Paz. Urso fue el juez que mandó seis meses preso a Menem en 2001, acusado de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

Ese proceso fue abierto contra el ex jefe de Estado, pese a que existía un dictamen del entonces procurador de la Nación, Horacio Rossati, que desechaba la existencia de un supuesto delito.

Este es el tercer fallo que beneficia a Menem, luego de permanecer proscripto en Chile por sendas órdenes de captura libradas en el país. Antes fue en la «causa armas», donde fue beneficiado con la «falta de mérito» por el juez Julio Speroni y posteriormente fue sobreseído en el expediente relacionado a la cesión de terrenos de Parque Norte al sindicato de comercio.

Memem sólo afronta un procesamiento, más por capricho de la Sala II de la Cámara en lo Criminal que por la existencia de elementos de pruebas que lo inculpen de un delito. Se trata de una investigación sobre supuesta «omisión» de bienes en su declaración jurada por la cual deberá enfrentar un juicio oral y público. Aunque, la causa original contra Menem estaba referida a la «omisión maliciosa» de una cuenta bancaria en Suiza por 600 mil dólares.

El juez Norberto Oyarbide no encontró elementos suficientes y le dictó la falta de mérito, pero la Cámara Federal no sólo revocó esa decisión sino que procesó al ex presidente y le ordenó al juez interrogar al sospechoso con las nuevas pruebas del expediente. Ese caso está hoy a resolver por la Cámara de Casación.

El fallo de Urso en la «causa cárceles» devino luego de recibir un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

«Allí se concluye que la diferencia en los costos previstos y los que finalmente se pagaron es de alrededor de 9 por ciento y que está dentro de los parámetros de flexibilidad. Es decir, desde el punto de vista técnico y financiero no hay diferencia y, por lo tanto, no hay delito», detalló el abogado de Menem, Pedro Baldi.

Además de Menem, Urso benefició con un sobreseimiento al ex jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez; al ex director de Asuntos Penitenciarios, Horacio Aparicio; y al ex titular del Servicio Penitenciario, Carlos Verón.

Esta causa se abrió en 2000, luego de que todos los fiscales federales recibieron una denuncia anónima que aseguraba que se pagaron sobreprecios de hasta 60 millones de pesos cuando durante su segundo gobierno, Menem llamó a licitación para construir dos penales.

Cuando asumió en su cargo durante el gobierno de la Alianza, la entonces secretaria de Política Penitenciaria, Patricia Bullrich, también se sumó a la denuncia y agregó que las obras se habían realizado con material de calidad menor a la pactada.

Durante el expediente, se investigó la confección de pliegos de bases y condiciones para la ejecución de la construcción de los Complejos Penitenciarios I y II, de Ezeiza y Marcos Paz, los cuales se efectuaron a partir de la firma del decreto 203/98.

Además de esta causa, a Menem le restaliberarse de una investigación sobre supuestas irregularidades en el contrato que se le otorgó a la empresa alemana Siemens para confeccionar los DNI y en la que indaga sobre la concesión del espacio radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum.

Se trata de una causa muy engorrosa impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA) y que es investigada por el juez Ariel Lijo, que ya mandó a pedir un listado de documentación e informes antes de decidir si llama a indagatoria al senador riojano.

En ese expediente está en discusión el proceso licitatorio por el que se adjudicó a Siemens la provisión de un sistema para la identificación de personas y el control migratorio.

La OA se quejó del «elevado precio» que se iba a pagar por los documentos, 30 pesos/dólares por persona. Ese costo aún hoy se mantiene.