En el centro, Milagro Sala participa de un acto con comunidades aborígenes.
El juez federal de Jujuy Mariano Wenceslao Cardozo procesó a la dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala por "ordenar" un escrache contra el senador Gerardo Morales en 2009 y por enviarle mensajes intimidatorios a través de dos diputados. El magistrado la acusó de cometer los delitos de amenaza y daños y le trabó un embargo de 70.000 pesos. En la misma resolución, el juez procesó por amenazas y daños a Ramón Salvatierra, del Movimiento Obrero Campesino de Jujuy, y a Graciela López, de la Asociación Libertad, ambas vinculadas con la Tupac.
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La líder social fue denunciada por el radical, luego que una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia realizada el 16 de octubre del año pasado terminó escandalosamente y con incidentes.
En la denuncia del legislador se asegura que un grupo de laderos de Sala arrojaron piedras contra los vidrios del frente del edificio y "silloncitos" contra el senador, aunque allí no estuvo presente la piquetera. Sin embargo, el juez Cardozo consideró probada la relación entre al menos dos de los agresores y Sala. Según el fallo, la "operación no pudo ser dirigida por (Graciela) López sin la planificación organización y control de la Sala". Para el magistrado, el ataque sufrido por Morales de parte de López "no parece fruto de la imaginación del legislador, sino que "cumplió órdenes" de Sala.
Pero además, Morales la denunció por amenazarlo mediante llamadas telefónicas a los diputados provinciales Héctor Freddy Morales y Carlos Alberto Toconás. Para Cardozo esas comunicaciones intimidatorias "tienen relación con lo actuado por el legislador en el Senado y su posición crítica a las frecuencias otorgadas a las organizaciones sociales (Tupac Amaru) por el Comfer y a la "posición crítica" de Morales hacia el "licenciado (Gabriel) Mariotto", ex titular de ese organismo.
Cardozo justificó el procesamiento en el "modus operandi" de Sala. Sostuvo que "no es nuevo" y recordó una "manifestación" en la Casa de Gobierno jujeño en 2008 terminó "en una gigantesca fogata contra las puertas principales del edificio" que no pasó a mayores "merced a la intervención de los bomberos que desde el interior extinguieron las llamas".
Otros de los argumentos para procesarla es que Sala se dirigió al día siguiente del escrache a las oficnias de un periódico local para revisar fotografías que involucren a sus compañeros en los incidentes. Y que además reclamó activamente por la liberación de Salvatierra.
En las conclusiones, Cardozo la consideró autora de las amenazas (dos hechos) y co-autora de otra amenaza más y daño agravado en concurso real por el escrache. Ordenó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir 70.000 pesos.
En la Justicia, todavía queda pendiente una demanda de Morales contra Sala por enriquecimiento ilícito personal y otra con la agrupación que ella dirige en el Norte del país por el mismo delito.
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