El bloque de diputados Córdoba Federal confirmó su rechazo a la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal y establece nuevas mayorías para elegir al nuevo procurador general de la Nación.
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Los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal Claudia Márquez, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Paulo Cassinero
El bloque de diputados Córdoba Federal confirmó su rechazo a la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal y establece nuevas mayorías para elegir al nuevo procurador general de la Nación.
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“En relación a la iniciativa que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal por parte del gobierno nacional, como lo venimos diciendo, no vamos a dar quórum, no vamos a firmar dictamen y en el caso de que consigan quórum vamos a votar negativamente”, aseguró el legislador Carlos Gutiérrez en su cuenta de Twitter.
“En Córdoba todas las reformas que se realizaron fueron por consenso y esto es lo que reclamamos frente a una discusión de este tenor”, agregó.
Con estos mensajes Gutiérrez dejó asentada públicamente la postura del gobernador Juan Schiaretti. Su opinión es compartida por sus compañeros de bancada Paulo Cassinero, Claudia Márquez y Alejandra Vigo.
El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio. Este martes desde las 19, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones introducidas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría.
En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 legisladores de Juntos por el Cambio y de Camaño.
En tanto, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales decidieron asistir hoy al plenario de comisiones. Los diputados opositores dijeron que irán "para poder firmar un dictamen de minoría" y reiterar su rechazo al tratamiento de la iniciativa.
Actualmente, para la designación del Procurador General es necesario que el pliego de un postulado alcance los dos tercios de los senadores. Sin embargo, el proyecto que cuenta con media sanción del Senado establece que a partir de una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos, podrá ser aprobada la designación.
El oficialismo busca nombrar al reemplazante el procurador interino Eduardo Casal, un polémico funcionario judicial designado durante la gestión Cambiemos y con estrechos vínculos al macrismo.
En este marco, el candidato a procurador propuesto por el Poder Ejecutivo, el juez federal Daniel Rafecas, anticipó que si se modifican las mayorías para elegir el cargo judicial clave, renuncia a su postulación. “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”.
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