Casi al final de la campaña, el gobierno decidió seducir nuevamente al sindicalismo con una promesa electoral, lo que hace guardar alguna esperanza sobre su incumplimiento. En la primera sesión después del 28 de octubre llevarán al recinto parte del paquete de leyes que el moyanismo tiene listo en el Congreso desde principios de este año. Incluirán allí la equiparación de indemnizaciones en empresas quebradas con el despido sin causa - lo que complica cualquier solución para empresas en problemas -, el tope a horas extras y hasta la reforma al régimen de accidentes de trabajo que armó el abogado Héctor Recalde a medida de la CGT. Son leyes que le prometieron a Hugo Moyano hace dos meses. Antes, Néstor Kirchner les había garantizado a empresarios que no serían votadas.
El Senado se sumará en este último tramo de la campaña oficial, aunque más no sea con promesas. Dentro de 15 días, cuando haya pasado la elección del 28 de octubre y si no hay ballottage, el gobierno promete ahora que se aprobará la mayoría de las reformas pendientes en leyes laborales. Son, en casi todos los casos, proyectos presentados por el moyanista Héctor Recalde, que pasaron por la Cámara de Diputados y que tiene dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el Senado, gracias al apoyo del radical Gerardo Morales que preside ese cuerpo.
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La promesa a la CGT que ahora tiene fecha, arrancó cuando Miguel Pichetto se reunió con la central obrera y les aseguró que tras las elecciones el «paquete de leyes Recalde», sería sancionado.
Poco después, algunos de esos proyectos tuvieron dictamen en comisión. Entre ellos está la aplicación del principio de «in dubio pro operario», que significa que en caso de duda el juez ahora no sólo debe fallar a favor del trabajador, como ya rige, sino que también se debe aplicar a la interpretación de la norma más favorable.
Indemnizaciones
También se prometió sancionar el proyecto que equipara la indemnización por cierre de empresas por quiebra a la indemnización por despido sin causa; la erradicación del trabajo infantil y un nuevo régimen de trabajo en minas para mujeres y menores de edad.
Está pendiente también el nuevo régimen de teletrabajo en relación de dependencia y el tope a la cantidad de horas extras que puede realizar un trabajador.
Junto a la votación de ese paquete volverá a funcionar el Congreso que tiene pendientes la votación del Presupuesto nacional y la suba en el mínimo no imponible en el impuesto a los Bienes Personales.
Más complicada será la votación del proyecto de ley de protección de los bosques nativos -que ya tiene media sanción de Diputados-y que deberá tener modificaciones después que se votó en Diputados pero en contra de la opinión de las provincias forestales. La presión de las asociaciones ambientales por conseguir la votación de esa «ley Bonasso» fue tal que Miguel Pichetto tuvo que dar una conferencia de prensa en el Senado junto a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, para informar que en noviembre la norma sería sancionada.
En la lista existe, además, una ley que, de aprobarse después de las elecciones, será una chicana política contra Roberto Lavagna: el proyecto de capitalización para pymes que permite desgravar durante dos años el Impuesto a las Ganancias a las utilidades reinvertidas.
Ese proyecto fue presentado por Lavagna cuando aún era ministro de Economía, y luego quedó congelado. Lavagna lo menciona habitualmente en la campaña electoral como un freno del gobierno a sus medidas, pero ahora Miguel Peirano pidió una rápida votación.
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