Un proyecto presentado en el Congreso Nacional por un legislador de Chubut promueve la regulación de la política petrolera durante el período de emergencia, que implica el control de utilidades de empresas del sector, y la creación de una reserva estatal de crudo.
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La iniciativa, perteneciente al diputado nacional Víctor Cisterna (PJ-Chubut), ya fue presentada en el Congreso Nacional, con la firma de legisladores justicialistas que integran la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación.
A diferencia de la libre competencia desarrollada durante la última década, el proyecto del diputado patagónico "aumenta la intervención estatal en el sector hidrocarburífero, al definir las actividades del mismo como de interés general", afirmó Cisterna.
El proyecto está compuesto por "un paquete de medidas que contiene en una única norma legislativa el ataque a dos flancos débiles, como son el control de los precios de combustibles y como evitar el desabastecimiento", detalló el legislador patagónico.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a "imponer retenciones móviles a las exportaciones cuando el precio del barril de petróleo sea superior a los 13.50 dólares", lo que -según sostiene el diputado Víctor Cisterna- "permitirá a la Cuenca del Golfo San Jorge, mantener su nivel de actividad".
El proyecto de Cisterna también autoriza al PEN "a dictar medidas para que controle el margen de utilidades de las empresas (del sector), que deberá ser inferior al obtenido el 1 de abril pasado".
Asimismo propicia "crear una reserva operativa de emergencia de crudo en manos del Estado, que será establecida sobre la base de aportes proporcionales de cada uno de los productores que produzcan más del 1 por ciento de la producción total mensual".
Además contempla el establecimiento de "mecanismos de acceso abierto a las instalaciones de refinación y transporte de crudo, buscando evitar capacidad ociosa, a la vez que alentar la competencia del sector".
El Ejecutivo nacional estará facultado para crear "un registro de exportaciones de crudo de derivados, incluidos el Gas Licuado Propano (GLP), mediante el cual se autoriza previamente todos los contratos de exportación y a establecer de ser necesario cupos de exportación".
Las provincias productoras -según el proyecto de Cisterna- participarán de un sistema de compensaciones que diseñará el Ejecutivo, "de lo que pudiere resultar de la aplicación de los derechos de retención móviles, cuando estos superen los porcentajes establecidos en la Ley de Emergencia y su reglamentación".
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