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La nueva norma dispone también dar cumplimiento al pago de las cuotas correspondientes al último trimestre de 2003, por un monto de aproximadamente 320 millones de pesos, para lo que faculta al Poder Ejecutivo a realizar la reasignación presupuestaria correspondiente.
El proyecto, que fue aprobado por la cámara baja cerca de las 3,30 de la madrugada, se sancionó por 153 votos contra 1 y 4 abstenciones, tras una extensa sesión en la que previamente los diputados habían aprobado el dictamen acusatorio contra el juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, entre otras cuestiones.
El tratamiento de la iniciativa fue acordado el martes último, durante una reunión del bloque justicialista que decidió incorporar ese proyecto al temario previsto para la sesión de hoy, luego del pedido especial formulado por el ministro Daniel Filmus, quien concurrió a exponer en la reunión de la bancada del PJ.
La ley, una de las reivindicaciones que con mayor insistencia demandaron del Congreso -además de Filmus- los gremios docentes, recibió media sanción en el Senado el 8 de julio último, donde el dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta fue apoyado por unanimidad.
La vigencia del FONID, creado a fines de 1999 para otorgar un ingreso suplementario a los sueldos básicos de los docentes, finalizaba en febrero próximo, de acuerdo con las disposiciones de la ley anterior.
Al defender la iniciativa, la titular de la Comisión de Educación en la cámara baja, la santacruceña Silvia Esteban, consideró que se trata de un instrumento crucial "hasta que se sancione una ley integral de financiamiento" educativo, ya que en algunas provincias "este adicional representa 30 o 40 por ciento del salario" de los docentes.
La CTERA, la mayor organización docente del país y una de las principales impulsoras de la medida -que considera que el salario docente "no debe ser inferior a 700 pesos por mes"- había amenazado con retomar su plan de lucha si persistía la demora en la aprobación de la medida.
La vigencia del FONID, fijada en la nueva ley para los próximos cinco años, podrá ser modificada en caso de que antes de ese plazo el Congreso sancione una ley de financiamiento integral de la educación, cuyo tratamiento los legisladores aspiran iniciar el año próximo.
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