Unánime proyecto de ley enviado a la Legislatura para creación de juzgados y la disolución de otros. Respaldos y críticas a De Lazzari. Comodoro Py, en alerta.
Inadvertido en el medio del tiroteo entre un sector del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora María Eugenia Vidal por el cruce de declaraciones, la Suprema Corte reclamó, de manera formal, un reordenamiento general del sistema judicial bonaerense a través de la creación de juzgados, la disolución de otras áreas y el incremento de cargos, según los departamentos con mayor carga laboral. La decisión firmada por el pleno - en la que “copian” a Vidal, pero que tiene como destino a la Legislatura- hace eje en la Justicia de familia. Fue firmada el pasado 10 de julio, pero trascendió recién en medio del intercambio que mantuvieron el presidente del máximo Tribunal, Eduardo de Lazzari, y la mandataria por el supuesto “efecto contagio” de Comodoro Py en cuanto a causas “armadas artificialmente”, con el uso de arrepentidos y la interferencia de servicios de inteligencia. La Asociación de Magistrados salió a diferenciarse de las explosivas declaraciones pero la Red de Jueces Penales dio completo respaldo a la posición expresada por De Lazzari.
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Habitualmente crítico de la labor de sus pares de fuero, el fiscal Federico Delgado fue la única voz desde los tribunales de Retiro en buscar sintonía con el juez bonaerense. “No lo conozco al señor De Lázzari, pero celebro que haya dicho lo que todos sabemos sobre la grave crisis de la Justicia. Hace mucho tiempo que la Justicia viene separándose de la Constitución”, denunció Delgado en declaraciones a Radio 10. Lo mismo había hecho días atrás la fiscal Mónica Cuñarro, de extensa experiencia en el fuero penal. Denunció, en ese caso, la ausencia de recursos pero desde la óptica de la Procuración General. En la gobernación intuyen una inesperada mano a la campaña kirchnerista con las críticas a uno de los pilares sobre los que se apoyó Cambiemos en su estrategia de apuntar contra la gestión K. Por lo que ordenaron al procurador bonaerense Julio Conte Grand la judicialización de los dichos de De Lazzari para obturar la onda expansiva de los mismos. El juez, como detalló Ámbito Financiero, se replegó a “zona segura” y ejemplificó su diagnóstico con casos que ya encontraron carriles institucionales y donde funcionan como espejo los hallazgos de la causa por espionaje ilegal y extorsión que se tramita en Dolores. Para el Gobierno fue un trago amargo que el magistrado hubiese dado una pátina de aval y legitimidad a los hallazgos obtenidos por el juez federal Alejo Ramos Padilla, a quien desde las usinas oficiales identifican como un magistrado opositor. En ese esquema, reverbera la unión transitoria de palabras que pueden definir varios expedientes de los más resonantes: “causas armadas artificialmente”, “testigos de identidad reservada”, “espías” y “arrepentidos”.
“El uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los estados republicanos”, sostuvo en un comunicado la Red de Jueces Penales. Precisamente el mismo auditorio en el que De Lazzari pronunció las palabras que desataron la ira oficial. La reunión fue el 28 de junio, pero las palabras trascendieron hace 10 días y dispararon una controversia que tuvo a Vidal como contendiente involuntaria. Pese a que la Asociación de Magistrados en su sede capitalina cruzó a De Lazzari y le reclamó “mesura”, la filial platense de la misma organización que nuclea a lo más tradicional del Poder Judicial salió a su auxilio. Víctor Violini, juez de Casación, fue factótum de aquella declaración que enredó aún más el panorama.
La feria judicial aplacará los ánimos, esperan desde tribunales. Sin embargo, la Suprema Corte arrojó una última munición: casi por unanimidad, faltó una firma por un supremo de licencia, el tribunal más importante de la provincia presionó fuerte al Poder Ejecutivo con un nuevo diseño de su estructura. El encontronazo no es nuevo. En abril habían denunciado que el ajuste presupuestario les impediría afrontar los desafíos crecientes en territorio bonaerense.
Basado en un análisis de “litigiosidad, carga laboral y causas en trámite” y diversas proyecciones, el máximo Tribunal con las firmas De Lázzari, y los ministros Daniel Soria, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, y Sergio Torres consideró indispensable la creación de 18 órganos judiciales, de los cuales la mitad corresponde a Juzgados de Familia. Y recomendó la transformación en juzgados de familias de ocho juzgados ya existentes pertenecientes a otros fueros por cuestiones de violencia familiar. Pero también propuso racionalizar recursos con la disolución de un Juzgado de Garantías, cuatro Tribunales Orales en lo Criminal, dos Juzgados penales, un Juzgado de Garantías del Joven, seis Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, doce Juzgados en lo Civil y Comercial, una Sala de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y un Juzgado de Familia en San Isidro.
Con esta iniciativa, la Suprema Corte pateó la pelota fuera de su área, pero reafirmándose como cabeza del Poder Judicial en su ámbito de injerencia. La feria y el contexto electoral dirán si es el último round de la contienda.
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