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Ninguno de los partidos se opuso tampoco a otra novedad del proyecto, que es darle al gobierno nacional más control del sistema educativo argentino. Esta marcha atrás en la descentralización -que es la tendencia en todo el mundo para acercar la administración pedagógica y financiera de la educación a los actores primarios (alumnos, padres, maestros)- es lo que justifica la adhesión que ha tenido el proyecto por parte de los sindicatos docentes. Estos fueron las víctimas principales de la descentralización del sistema a las provincias porque les quitó el rol nacional y debieron trasladar sus demandas a los distritos. Siempre añoraron volver a las grandes ligas gremiales que discutían en el palacio Pizzurno con los ministros de Educación cuando éstos administraban establecimientos que ya no tienen.
La recordada Carpa Blanca de los maestros se instaló en la Plaza de los Dos Congresos precisamente para reclamar aumentos salariales a los legisladores que representan a las provincias. Antes, con una educación nacionalizada, la Marcha Blanca de la CTERA a finales de los años '80 fue uno de los arietes de hostigamiento que usó el peronismo contra el declinante gobierno de Raúl Alfonsín. Entre los propósitos del gobierno de Menem de completar la descentralización figuró, de manera tácita, el de descentralizar y con ello neutralizar los conflictos docentes, una amenaza para cualquier gobierno. También algunos ministros soñaron en la década pasada con la nacionalización de la caja, como la ministra de Educación de Carlos Menem, Susana Decibe, a quien se le ocurrió la malhadada idea de imponer el impuesto docente a los vehículos. Lo hizo con la idea personal de jerarquizar su ministerio, reducido como hoy a una oficina que arbitra entre doctrinas pedagógicas y se dedica a contratar la impresión de libros para regalar en las escuelas como parte de la política de dar elementos a la población sin contrapartida.
Con esta nueva ley, el gobierno nacional vuelve a manejar parte de la caja, y el ministro le hace ganar alguna talla a su cartera. Los gremios volverán a ser interlocutores saliendo del corralito provincial en que viven hace más de una década.
Como tantas novedades que los gobiernos lanzan sin pensar en las consecuencias que le significarán al país nuevas complicaciones, pese a que el proyecto tiene buenas intenciones de difícil gestión, más cuando engancha educación a crecimiento cuando sin educación no hay crecimiento.
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