Puja por subsidios

Desde el Congreso pidieron ayer se anule el decreto de Néstor Kirchner que habilita $ 9 millones en subsidios al ministro del Interior, Aníbal Fernández. Lo que más ofendió a diputados y senadores es que el Presidente les restó una potestad que les era propia para concedérsela a uno de sus funcionarios. La oposición que no está atada a la disciplina gubernamental, con la firma del santafesino Alberto Natale (PDP), reaccionó con malestar y consideró que la facultad otorgada a Aníbal Fernández supera el reparto discrecional y tan criticado de los ATN, durante la gestión de Carlos Menem. La pelea entre el Ejecutivo y el palacio de las leyes se parece bastante a una puja entre manirrotos.

Desde el Congreso, reclamaron ayer la anulación del decreto de Néstor Kirchner que habilitó al ministro del Interior, Aníbal Fernández, $ 9 millones para entregar subsidios.

La noticia causó revuelo entre los legisladores, entre otras cosas, porque la facultad delegada en el quilmeño pertenecía, originariamente, a diputados y senadores.

Tal cual adelantó este diario, el DNU permite al responsable de la cartera política, previa intervención de Alberto Fernández, repartir «subsidios y subvenciones a personas físicas, o jurídicas sin fines de lucro, autorizadas para funcionar en el territorio nacional y que se dediquen a la atención de necesidades de la población, cuando las particularidades del requerimiento efectuado así lo determinen y previa intervención del jefe de Gabinete».

• Críticas

Como no podía ser de otra manera, el oficialismo parlamentario deslizó críticas, con el pretexto de distraerse en asunciones y traspasos de mando. El cuestionamiento más severo y concreto nació de la oposición. El demócrata progresista de Santa Fe Alberto Natale tomó la delantera y presentó un proyecto que declara «la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 1.192/ 03», publicado en el Boletín Oficial del martes 9.

«Bajo la excusa de la crisis - comienza Natale en los fundamentos de la iniciativa-, se faculta al Ministerio del Interior a otorgar subsidios y subvenciones a personas físicas o jurídicas, sin límites de monto, sin condiciones que aseguren su destino, sin establecer requisitos que garanticen quiénes serán sus beneficiarios, sin siquiera establecer las partidas presupuestarias, dónde se afectarán y el monto global e individual de ellas.»

Según Natale, «los famosos ATN (aportes del Tesoro nacional) que tanto criticamos muchos opositores en otros tiempos son un «poroto» al lado de lo que resulta del DNU Nª 1.192/03. El Congreso no puede admitir esto en silencio, los legisladores no debemos mantenernos callados ante la disposición ilegítima, ilimitada e incontrolada que el Poder Ejecutivo pretende hacer con los dineros que el pueblo paga con sus impuestos», concluye el ex vice 3º de la Cámara baja.

• Eliminación

Hasta hace un año, el Presupuesto otorgaba a los legisladores la facultad de otorgar ese tipo de beneficios, que luego el Ejecutivo eliminó. Para 2004, se volvió a repetir la ausencia de partidas para las becas y subsidios del Congreso con la salvedad de que ahora los otorgará Aníbal Fernández.

«Son partidas pequeñas, que antes daba sólo la Secretaría General de la Presidencia», intentó desactivar cualquier polémica el funcionario.

El enojo del Senado y Diputados se justificó en que éste no fue un tema menor en la discusión presupuestaria. Incluso Eduardo Camaño, en nombre de la Cámara baja, le trasladó la inquietud por la ausencia de fondos a Kirchner. La respuesta presidencial fue contundente: «No hay más recursos, porque esas prácticas se terminaron».

Con ese antecedente, sorprende aun más que el sistema vuelva en manos de un ministro y con el destino de financiar a las mismas entidades de asistencia a carenciados que beneficiaba, antes, el Congreso.

La intervención de Alberto Fernández en el otorgamiento no es un tema menor. El decreto no establece de dónde provendrán los fondos para hacer frente a esos subsidios ni el monto total que se podrá otorgar. La referencia a los $ 9 millones parte del dato histórico del disponible que tenía el Congreso el último año que los legisladores pudieron otorgar esos beneficios.

Natale recuerda que «el abuso indiscriminado de la facultad excepcionalísima del artículo 99, inciso 3ª, de la Constitución, la absoluta delegación de facultades hecha por la Ley de Presupuesto y la autoritaria decisión del Poder Ejecutivo de utilizar los dineros públicos como si fueran propios la ha llevado a dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.192/03 (Boletín Oficial del 9/12/03), por el que pone en manos del Ministerio del Interior repartir a su antojo y sin límites de ninguna naturaleza las rentas del Estado. Hay que remontarse demasiados años hacia atrás para encontrar una norma como el DNU Nº 1.192/03», subraya Natale.