Una polémica licitación porteña, para el loteo de la publicidad callejera y renovación del llamado mobiliario urbano, parece esta vez encaminada por Mauricio Macri, tras casi una década de fallidos en la cual hasta se reportó un trágico accidente que terminó con la vida del funcionario que, durante la gestión de Aníbal Ibarra, tenía en sus manos la licitación.
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El lunes, tal como anticipó ayer este diario, el gobierno de la Ciudad cerró la calificación del primer sobre, otorgándoles chances a cuatro empresas para que ahora presenten su oferta económica. Publicidad Sarmiento ( relacionada con el grupo mendocino Terranova); Grupo al Sur (Albistur -h-); Viacart y PC (Gabriel Romero). La inversión en nuevos carapantallas y señalización de calles se repartirá en tres zonas que a la vez serán explotadas con la venta de publicidad por las empresas ganadoras.
La licitación comenzó como proyecto durante la gestión porteña de Fernando de la Rúa (1997-2000), la siguió Aníbal Ibarra y concretó Jorge Telerman, el año pasado, la apertura del primer sobre. Mientras tanto, cuando asumió Macri una de las primeras medidas que tomó fue aumentar considerablemente el canon de las firmas que actualmente disponen de las carteleras publicitarias. En todo ese trayecto, hubo impugnaciones, presentaciones judiciales y trabas administrativas.
Pero ayer surgió lo que se advierte con la posibilidad de un nuevo obstáculo, cuando la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL) emitió un comunicado manifestando su posición.
Los empresarios sostienen que «esta licitación no es tanto para instalar el mobiliario urbano, como para adjudicar la explotación de la publicidad que se instala en esos elementos, y que justamente ha tenido tantas dificultades por generar una enorme ganancia para las empresas adjudicatarias».
Señala además la CAIL que «hasta ahora la publicidad en las paradas de colectivos, las pantallas iluminadas y las carapantallas han sido un participante más de la publicidad de vía pública, y en esta instancia no genera competencia desleal contra el resto de los letreros permitidos en la actualidad».
Pero los empresarios se quejan porque consideran que la licitación «viene de la mano con una nueva ley de publicidad exterior altamente restrictiva».
Se refieren al proyecto de nuevo Código de Publicidad para la vía pública que Macri elevó a la Legislatura, con la idea de asimilar Buenos Aires a San Pablo donde se han impuesto fuertes medidas para descontaminar visualmente la Ciudad. En el proyecto macrista se prevé la reducción de cerca de 80% de los carteles que se permiten actualmente y una fuerte embestida contra los ilegales. Prácticamente sólo quedarán las carteleras oficiales y algunos lugares de privilegio, como la zona del Obelisco para exhibir publicidad, la que se prohibirá por ejemplo en las terrazas.
Sin duda, de aprobarse el proyecto, aumentará el costo de la publicidad callejera.
«La cuestión aparentemente es quitar la publicidad de los puntos de venta para generar un negocio altamente rentable para los concesionarios de la licitación», sostiene la CAIL. Así amenaza la queja en convertirse en reclamos formales que podrían, otra vez, frenar la renovación de paradas de colectivos, nomenclatura de calles, carapantallas y chupetes iluminados, un proyecto que cambiaría el paisaje porteño y le dejaría a Macri tener una impronta de su gestión.
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