El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó la excarcelación del exsecretario del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar "Caballo" Suárez, acusado de ser "jefe" de una asociación ilícita y de llevar adelante una administración fraudulenta en el gremio que lideró por casi 30 años.
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La decisión del juez se produjo luego que el fiscal Gerardo Pollicita dictaminara en contra del pedido de excarcelación por la gravedad del delito y por presunto entorpecimiento de la investigación.
La detención del sindicalista se concretó por una serie de irregularidades cometidas al frente del SOMU, mientras el gremio se mantiene intervenido por el Gobierno desde febrero pasado: al respecto, la interventora Gladys González instó este miércoles a empresarios damnificados por el presunto accionar delictivo del exsecretario general a que "se animen a denunciar y a presentarse en la causa".
"Muchos empresarios todavía tienen miedo. Esperamos que ahora que ven que vamos en serio y que la Justicia va en serio se animen a denunciar y a presentarse en la causa", sostuvo la diputada nacional en diálogo con AM Belgrano.
La causa se inició por la denuncia hecha por Miguel Ángel Doñate, en representación de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALAPRAC) en mayo de 2012.
Según el procesamiento dictado por el juez, al que accedió NA, Suarez, que manejaba el sindicato desde 1992, "encabezaba la sociedad que participó de los sucesos que le han sido inculpados".
En 2008, el Estado argentino por un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, ENARSA e YPF, comienza a importar gas licuado a 160 grados bajo cero mediante buques metaneros y su posterior conversión a gas natural a través de buques gasificadores.
En ese momento, Suárez con otros integrantes del gremio comenzó a exigir a varias empresas del sector naviero dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a través de la escuela "Omar Rupp" del SOMU, para que estuvieran en condiciones de abordar esos buques, a cambio de no bloquearles el ingreso a los puertos del país, mediante la negativa del servicio de remolque.
"Esas exigencias de donaciones se liquidaban como si fueran remuneraciones por tripulación que en realidad nunca embarcaba. Sin embargo, ese dinero no se asignaba a la escuela de capacitación del sindicato, sino que era facturado por la firma San Jorge Marítima S.A., en representación de la Fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente fluvial, marino y lacustre", remarcó el juez.
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