Rechazan que expertos universitarios intervengan en la causa por la consultora de los Kirchner

La Justicia investiga si la Presidente y su esposo están habilitados a realizar ese tipo de actividad pese a tener cargos públicos.

El juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi rechazó una propuesta de la Fiscalía para que especialistas en derecho público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras cinco universidades privadas dictaminen si es legal o no que el matrimonio Kirchner tenga una consultora privada, al mismo tiempo que se desempeñan como funcionarios.

El magistrado no hizo lugar a lo pedido por el fiscal federal Federico Delgado, quien había dictaminado a favor de que intervengan expertos universitarios en derecho público, al considerar que es el juez de la causa quien tiene la "tarea de aplicar el derecho vigente al hecho sometido a instrucción".

"En esta ocasión se pretende la actuación de un experto para que analice el derecho que debe ser aplicado", sostuvo Martínez de Giorgi sobre el pedido de la Fiscalía, y agregó: "El experto en derecho es el juez".

Así, el juez rechazó la petición del fiscal Delgado, quien había sugerido que expertos de la UBA, y las universidades privadas San Andrés, Di Tella, Palermo, Católica y Austral, digan si es legal que los Kirchner posean la consultora privada en finanzas e inversiones "El Chapel S.A.", al mismo tiempo que ocupan sus cargos públicos.

En la investigación se intenta determinar si los integrantes del matrimonio Kirchner incurrieron en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas al ser integrantes a la vez de la empresa El Chapel.

También se investiga la presunta violación a la Ley de Ética Pública, la cual establece que los funcionarios públicos deben "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados".

En febrero pasado, el fiscal Delgado había entendido que el "caso es complejo en términos jurídicos porque es evidente que del hecho investigado deriva una zona gris entre la esfera pública y la privada".

Así, pidió la intervención de especialistas en derecho público de las universidades ante "la necesidad de contar con las herramientas necesarias como para analizar la complejidad jurídica del hecho".

"Nos enfrentamos ante un caso singular, porque la esfera de lo público y lo privado se rozan, se cruzan; en una palabra, se afectan", había entendido Delgado.

En las últimas semanas, el juez Martínez de Giorgi había pedido una serie de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para determinar la composición accionaria de El Chapel S.A, y al Registro Público de Comercio de Río Gallegos.

El Chapel figura con domicilio fiscal en calle Alcorta Nº 76, de Río Gallegos, fue creada en 2007 y tiene como fin dedicarse a "la prestación de todo género de servicios de consultoría, estudio, inversión y asesoramiento en las ramas de la economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración y otras disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero".

La consultora también es integrada por Máximo Kirchner, hijo del matrimonio, y la presidente Cristina de Kirchner había notificado, en su última declaración jurada, que era propietaria del 45 por ciento de las acciones de la firma.

Según el Código Penal, el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas prevé penas de prisión "de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua".

Es pasible de esa pena "el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".