En la reserva ecológica, en la Costanera Sur, también está radicado un asentamiento como en otras zonas de la Capital Federal.
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El Municipio tiene razón: es una lucha constante contra las invasiones de asentamientos en base a la impunidad. La Policía no puede allanar una casilla montada en un espacio público sin orden de un juez. Con eso se especula porque, mientras lleva tres meses el desalojo legal, se exige dinero al Municipio para desalojar antes. Obviamente, dinero de los contribuyentes. La villa montada en la reserva ecológica junto al río ya fue liberada en casi 45%, y lo mismo se hizo con otra establecida en los terraplenes de las vías en la proximidad de la avenida Juan B. Justo. Los asentamientos se imponen más que por necesidad por el negocio de recibir 20.000 pesos por familia en muchos casos para dejar el lugar.
El problema de las invasiones en la Capital Federal tiene varias causas. Una es la desesperación electoral en el gobierno Kirchner, con asesores que le dicen que todo gesto de autoridad es oligárquico y esto hace que se aprovechen delincuentes que cobrarán los subsidios y pagan a ocupantes para «mantener el asentamiento» con toda una técnica descripta por este diario el viernes.
Los piquetes continuos y la debilidad del mismo gobierno han contribuido a que se suponga a Buenos Aires ciudad indefensa. Las derivaciones del caso Cromañón igualmente contribuyeron a suponer al Municipio porteño a la defensiva, por tanto extorsionable con asentamientos en los lugares que más molesten a los habitantes para poder cobrar para levantarlos, generalmente en los bosques de Palermo. La duda es si después de los comicios del 23 de octubre volverá a haber orden y autoridad en el país.
La casona del Jardín Japonés se encuentra ocupada desde mayo pasado. Se asentaron allí 21 familias. Se comprobó que algunas ya habían cobrado subsidios en otro asentamiento erradicado, por lo cual se especializan en ocupar, cobrar y operar en otro sector de la Ciudad. Aníbal Ibarra, ordenó desalojar por vía de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Como dentro del Jardín Japonés hay un inmueble, la desocupación debió seguir pasos diferentes a los que se llevan adelante cuando se trata de predios abiertos. Ahora, dentro de los diez días hábiles se podrá hacer efectiva la medida. Un desalojo de esas características, en un lugar de uso público y muy concurrido, especialmente los fines de semana, es una medida que le es cara a Ibarra en medio de la temporada electoral, durante la cual el gobierno nacional le impone extremo cuidado en situaciones que pudieran dañar su imagen en este trance. Se complica también la liberación de los espacios públicos a través de la oferta de dinero que hace la administración de la Ciudad. Hay familias que reciben un subsidio para irse de un lugar e igualmente se asientan en otro, también de dominio público. El Gobierno porteño, simultáneamente al inicio del desalojo en el Jardín Japonés, procedió a liberar parte de los terrenos ocupados en la zona ecológica de la Costanera Sur, donde ya se había instalado un barrio precario que denominan Rodrigo Bueno. Con la mecánica de subsidios, de hasta $ 20 mil por familia, Ibarra logró que cerca de la mitad de los ocupantes optaran por dejar el lugar, a pesar de la resistencia de grupos que le son en ocasiones afines al Gobierno. Un caso de esos es el de la APDH que, además de medidas judiciales contra el desalojo y a favor de urbanizar el lugar para esos pobladores temporarios, critica la medida del Gobierno porteño. Curioso, ya que la APDH (Asociación Permanente por los Derechos Humanos) en otros terrenos, por caso en terrenos de la Ciudad Universitaria, le pide al Gobierno de la Ciudad que desaloje a usurpadores porque justo allí está levantando un monumento en recuerdo de los desaparecidos de la última dictadura militar.
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