La prórroga de la Ley de Emergencia Pública le sirvió al gobierno para, además de conseguir superpoderes, deslizar un párrafo (picardía legislativa clásica que siempre cobra alguien) en favor de empresas especiales concursadas, como es el caso -cuándo no- de firmas del grupo «Clarín». Tendrán -si Kirchner no lo veta- rebaja a la mitad en las tasas de justicia y 10 años de plazo para pagarlas, sin mencionar actualización. O sea que será un nuevo regalo para «Clarín» y otras empresas. Solucionan así uno de los costos más altos de los procesos de concursos, que muchas otras empresas deben seguir pagando porque no son especiales al no haber estado en el proyecto derogado de ley de quiebras (que también inventó «Clarín») y que tuvo que cambiarse con Duhalde por la reacción internacional.
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