El kirchnerismo senatorial avanzó ayer con el dictamen del proyecto que blindará las futuras restricciones del Gobierno por razones de pandemia y mientras dure la emergencia sanitaria, determinada por ahora hasta fin del corriente año.
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A pesar de las exposiciones de la secretaria de Legal y Técnica y redactora de las iniciativas que envía la Casa Rosada, Vilma Ibarra; y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue el propio oficialismo quien deslizó la posibilidad de modificaciones en el recinto para la semana próxima. Es decir, en disconformidad con lo que envió el Ejecutivo el lunes último.
La ley propuesta está basada en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia activados para combatir la segunda ola del Coronavirus, y refuerza a la Casa Rosada a la hora de profundizar medidas restrictivas en lugares de “alto riesgo epidemiológico y sanitario”, así como morigerar dichas prohibiciones.
Con respecto a la suspensión de clases presenciales, el proyecto menciona la consulta con los distritos involucrados y la posibilidad de ir hacia atrás ante mejoras en el panorama epidemiológico, algo sobre lo cual desconfía la oposición. Sin embargo, Ibarra dijo ayer que la decisión final será del Ejecutivo, pese al fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y con provincias oficialistas o aliadas que se desentendieron del Gobierno.
Según consta en la ley, todas las medidas adoptadas en los lugares clasificados como de Medio, Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, Alarma Epidemiológica y Sanitaria, y las disposiciones locales y focalizadas para partidos o departamentos de menos de 40.000 habitantes se revisarán a los 21 días de su puesta en vigencia.
Además, se faculta al jefe de Gabinete -se espera en el Senado a Santiago Cafiero, quien hace varios meses no asiste al Congreso- a continuar con las excepciones sobre el empleo público y el consecuente fomento de la virtualidad, así como la restricción nocturna y bloqueos en el transporte público.
“Los gobernadores, intendentes y jefes comunales no tendrán ni voz ni voto, y el Estado dispondrá de forma unilateral cómo y cuándo se pueden realizar los cierres, esto incluye desde escuelas hasta comercios e industrias. Los parámetros epidemiológicos para tomar estas decisiones son débiles e inentendibles ya que pueden modificarlos cuando quieran, de la manera que consideren sin criterio alguno. Viviremos en una permanente incertidumbre”, alertó la macrista Laura Rodríguez Machado.
Por otra parte, la legisladora cordobesa manifestó que la Argentina “no cumplió con los objetivos de inmunización, tampoco se testeó ni se testea como corresponde”, y que el país “está entre las primeras 15 naciones con casos de covid-19 a nivel mundial, un fiel reflejo de que solamente la improvisación es lo que caracteriza al Presidente y todo su equipo”.
Rodríguez Machado finalizó: “Tenían la responsabilidad moral de traer vacunas e inmunizar, pero lo que hicieron fue liberar presos, subtestear y vacunar a sus amigos. Es así como esta ley inconstitucional va a convertir a Alberto Fernández de Presidente a emperador y a nuestra república en un Estado absolutista”.
Las modificaciones que propondría el cristinismo en el recinto buscarán despejar el camino en Diputados, donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría y depende de aliados. Ya perdió un voto en ambas Cámaras, a través del rechazo del exgobernador Alberto Weretilneck en el Senado.
Ayer también expusieron constitucionalistas y expertos sanitarios, quienes resaltaron los eventuales choques por interpretaciones erróneas del derecho y las leyes, y la crítica situación hospitalaria y la necesidad de medidas urgentes, respectivamente.
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