Reunión de obispos contra el aborto

A partir de mañana y hasta el jueves se reunirá la comisión permanente del Episcopado, la que se estima que se verá en la obligación de definir la postura de la Iglesia ante el conflicto generado entre el gobierno y el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto. Con la presidencia del arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, la veintena de prelados -incluyendo al primado, cardenal Jorge Bergoglio-, examinarán el insólito conflicto y no deberá sorprender que alguno de ellos les demuestre al resto, con el Código de Derecho Canónico en la mano, que el canon 747 precisa con absoluta claridad los alcances de la potestad obispal. Más exactamente cuando habla de «la función de enseñar de la Iglesia (...) incluso asuntos sociales y humanos (...) cuando así lo exigen los derechos de la persona humana». Por lo pronto Bergoglio, habitualmente silencioso, advirtió este fin de semana acerca «del paso prepotente e irrespetuoso de quienes como gurús del pensamiento único, aun desde los despachos oficiales, nos quieren hacer claudicar en la defensa de la dignidad de la persona». • Aval Mirás y los obispos que se reunirán mañana aseguran que se pondrán a la cabeza de la Iglesia, avalando el rechazo a la despenalización del aborto, tal como lo hizo Baseotto en carta dirigida al ministro de Salud, Ginés González García, que éste hizo pública. La actitud del obispo castrense -un hombre prestigiado entre sus pares desde los tiempos en que junto al obispo Jorge Gottau, desde la pobrísima Añatuya, lanzó la colecta anual «Más Por Menos», que ha acercado ayuda a las diócesis más necesitadas-, encontró eco en otros jefes eclesiásticos. Así partieron declaraciones de apoyo desde la región de Cuyo; más tarde del Litoral, y hasta del sucesor de Jorge Novak en el obispado de Quilmes, el alemán Luis Teodorico Stöckler, que a nadie se le ocurriría tachar de conservador, como sí lo hacen con otro que no se calla, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. No sería improbable que Baseotto termine en otro destino diocesano; así lo ha dejado trascender el Vaticano, que no debe olvidarse que maneja sus propios tiempos. Después de todo se trata de convivir, aunque en su momento también el poder político se opuso a la designación de Antonio Quarracino como arzobispo de Buenos Aires, y ante la oposición encontrada en Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo, optaron por demorarla y recién en agosto del \'89 -un mes después de asumir Carlos Menem-, hicieron la designación. Esto podría significar un lapso más prolongado del que el poder político en la Argentina puede considerar apropiado en una provincia eclesiástica que tiene antecedentes de conflictos con el poder. Recuérdese que en una oportunidad el temperamental Alfonsín se trepó al ambón de la iglesia castrense Stella Maris para responderle al entonces obispo, monseñor Miguel Medina, todos olvidados que el obispo castrense tiene la obligación de ponerse a la cabeza de su feligresía. Tampoco debería extrañar que se le cancelen a Baseotto los alrededor de $ 5.000 que cobra de la Presidencia de la Nación como obispo castrense; y que incluso el gobierno amenace con privarlo de la facultad pastoral de visitar unidades militares, algo que podría interpretarse como una limitación anticonstitucional. Pero aún si todo esto ocurriera, el gobierno no podrá evitar tener que enfrentar un pronunciamiento del pleno del Episcopado, que no puede aceptar se limiten sus posturas doctrinales en temas considerados clave. • Desborde El conflicto, inicialmente circunscripto al área castrense, se desbordó cuando Néstor Kirchner, no sólo pidió al canciller Rafael Bielsa que solicitara al Vaticano la remoción de Baseotto sino que habló de cancelar su salario e hizo trascender que le cerrarían las puertas de las unidades militares. (¿También a los capellanes que tienen grado militar?) Se agregó, desde otro ángulo, la denuncia de la DAIA (entidad que nuclea a organizaciones de la comunidad judeo-argentina), que pidió la remoción de Baseotto por dichos de éste ofensivos para esa comunidad hace 19 años, en julio de 1986 en un programa televisivo santiagueño, cuando todavía no era obispo. Todos estos torpedos hicieron blanco en la línea de flotación de quienes, en el Episcopado, tratan de contemporizar con el poder político. Ahora van a tener que pronunciarse por un colega. Para ellos, además, es una distinción exhibir sanciones por defender el Evangelio, como les ha ocurrido con algunas denuncias penales a otros obispos.

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