El gobierno debió admitir ayer una restricción que nadie puede eludir, la realidad. Ordenó suspender la sesión especial que estaba prevista para mañana en la Cámara de Diputados para dar sanción a una polémica reforma de la integración del Consejo de la Magistratura que le da al Ejecutivo el poder de veto en designación y desplazamiento de magistrados. Empecinado el oficialismo en esta iniciativa sin dar ninguna explicación -salvo el mensaje subliminal a la sociedad de que intentará quebrar a quien se le oponga en lo que considera una "batalla"-, se dio cuenta ayer de que no lograría los votos necesarios para habilitar el debate. En medio de una ola de críticas por este avance hacia el dominio completo de la Justicia, el gobierno sufrió ayer un segundo revés: se vio obligado a reponer en la Comisión de Justicia del Senado al socialista Rubén Giustiniani. Este había sido desplazado por el peronismo para poner en su lugar a Cristina de Kirchner, quien se enardeció con el vicepresidente Daniel Scioli porque éste firmó el decreto correspondiente. Giustiniani terminó con la confusión al decir que a él lo echaron de la comisión porque había presentado un proyecto contrario al del gobierno. De inmediato volvió a la comisión y ahora es la primera dama quien debe las disculpas.
El senador socialista por Santa Fe Rubén Giustiniani prestó juramento en 2003 ante Daniel Scioli cuando asumió su banca. Ayer fue restituido a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en lugar de Cristina de Kirchner, quien lo había desplazado.
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Sin embargo, la bancada del Frente para la Victoria convocará para mañana a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar de emitir un dictamen favorable de la reforma del Consejo, que ya cuenta con media sanción del Senado. El tratamiento de este tema quedaría entonces postergado para mediados de febrero, cuando el Poder Ejecutivo vuelva a enviar una prórroga de las sesiones extraordinarias.
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