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"Desde hace 4 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las autoridades han suspendido, de forma unilateral, las mesas de trabajo que ya estaban en marcha. En el resto de los proyectos este mecanismo institucionalizado aún no se desarrolló. Aunque se han llevado adelante numerosas reuniones con la ACUMAR para definir consensuadamente un reglamento de funcionamiento de las mesas de trabajo, tal definición no ha sido posible hasta la fecha", reclamó.
En cuanto a la contaminación de origen industrial sostuvo que ACUMAR aportó muchos datos sobre lo actuado, pero no se llega a "una interpretación suficiente sobre lo que significan en materia de avance en la reconversión industrial que se persigue".
Sobre el plan sanitario de emergencia, Sella aseguró que "desde la sentencia hasta el presente se avanzó en el conocimiento de la situación de salud de los habitantes de la Cuenca, en lo que respecta a las enfermedades relacionadas con el ambiente", aunque precisó que "ACUMAR está en condiciones de producir un diagnóstico que cumpla con lo exigido en el fallo de la Corte, para lo cual debería identificar y publicar las áreas de mayor riesgo ambiental de la Cuenca y extender a todas ellas el estudio integral de la salud ambiental, considerando tanto a la población infantil como a los adultos".
Participaron además en los distintos encuentros de la audiencia pública, el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi; el representante de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez y el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy y los representantes de seis municipios bonaerenses.
También estuvieron presentes representantes de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), quienes informaron sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la ACUMAR.
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