1 de noviembre 2012 - 18:55

Riachuelo: Defensoría del Pueblo pidió a la Corte una audiencia por relocalización de vecinos

El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella.
En su presentación en la Audiencia Pública por el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una nueva audiencia con la participación de los vecinos que están siendo relocalizados ya que "se están lesionando estos derechos básicos indispensables para garantizar el acceso a una vivienda adecuada".

Asimismo, Sella le pidió al Alto Tribunal que convoque audiencias temáticas que permitan abordar, con el detalle que requiere la complejidad de este caso, cada uno de los temas que incluye el fallo de la Corte para la recuperación ambiental del Riachuelo.

A través de un comunicado, indicó que, además, reclamó "definir el total de carga contaminante que puede recibir el río y se reduzca progresivamente hasta ese nivel, el vuelco de sustancias contaminantes".

"Solicitamos a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque con urgencia a una audiencia que tenga por objeto analizar exclusivamente la problemática de las relocalizaciones y donde participen representantes de cada una de las comunidades afectadas, lo que contribuiría a garantizar el derecho de éstos y a la vez permitiría esclarecer a todos los actores involucrados sobre la situación actual y las medidas necesarias para alcanzar un adecuado cumplimiento de la manda" sostuvo el Adjunto I, quien destacó que el proceso de relocalización afectará al menos a 17 mil familias.

En cuanto a los viviendas, Sella afirmó que "se evidencian notables retrasos en la construcción de viviendas, lo que se suma a los plazos prolongados de ejecución" y destacó que "se mudaron personas a viviendas con deficiencias en las construcciones, graves situaciones por falta de acceso a servicios públicos esenciales como agua, electricidad y gas natural, y falta de planificación para asegurar el acceso a prestaciones indispensables en materia de salud, educación y seguridad".

"Desde hace 4 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las autoridades han suspendido, de forma unilateral, las mesas de trabajo que ya estaban en marcha. En el resto de los proyectos este mecanismo institucionalizado aún no se desarrolló. Aunque se han llevado adelante numerosas reuniones con la ACUMAR para definir consensuadamente un reglamento de funcionamiento de las mesas de trabajo, tal definición no ha sido posible hasta la fecha", reclamó.

En cuanto a la contaminación de origen industrial sostuvo que ACUMAR aportó muchos datos sobre lo actuado, pero no se llega a "una interpretación suficiente sobre lo que significan en materia de avance en la reconversión industrial que se persigue".

Sobre el plan sanitario de emergencia, Sella aseguró que "desde la sentencia hasta el presente se avanzó en el conocimiento de la situación de salud de los habitantes de la Cuenca, en lo que respecta a las enfermedades relacionadas con el ambiente", aunque precisó que "ACUMAR está en condiciones de producir un diagnóstico que cumpla con lo exigido en el fallo de la Corte, para lo cual debería identificar y publicar las áreas de mayor riesgo ambiental de la Cuenca y extender a todas ellas el estudio integral de la salud ambiental, considerando tanto a la población infantil como a los adultos".

Participaron además en los distintos encuentros de la audiencia pública, el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y Secretario de Medio Ambiente de la Nación, Dr. Juan José Mussi; el representante de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Enríquez y el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy y los representantes de seis municipios bonaerenses.

También estuvieron presentes representantes de las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), quienes informaron sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la ACUMAR.

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