El jefe del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodíguez, abogó por hallar "acuerdos tripartitos" con el Estado y los empresarios que no perjudiquen a los trabajadores.
El secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, defendió el plan de blanqueo, la reforma laboral y la creación de una sociedad anónima nueva para controlar las licitaciones de obra viales.
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Durante una entrevista con radio Splendid, el gremialista se mostró confiando en que la gestión de Mauricio Macri pueda crear un millón de trabajadores de la noche a la mañana con nuevos puestos de trabajo a bajo costo y facilidades a empresarios para regularizar trabajadores no registrados. "Ojalá que sí, la palabra blanqueo por sí misma no es mala, al contrario, es positiva. Lo que hay que ver es para qué se hace y con qué fines se utiliza", sostuvo.
Ámbito Financiero reveló que desde el Gobierno se prevé por un lado una flexibilización para las contrataciones y movilidad de los nuevos empleados, que se aplicará de manera sectorial comenzando por rubros expansivos de la economía como la tecnología, y por otro, el lanzamiento de un amplio y generoso blanqueo laboral, para regularizar gran parte de los casi 4,5 millones de personas que, se estima, tiene todo o parte de su empleo sin registrar. La decisión de avanzar en este capítulo está tomada y se aplicará durante 2018.
En este marco, el dirigente cegetista dijo que desde la Casa Rosada se le prometió a los sindicatos que la medida se tomará por "consenso", entre el movimiento obrero y los sectores empresariales. "En la medida que nos podamos reunir alrededor de una mesa y veamos la posibilidad de blanquear trabajadores, aunque sea en forma paulatina y gradual, pero para ir aumentando el pase de la cantidad de empleados en negro, en situaciones precarias o no tienen trabajo a una situación de formalidad, trabajo digno y decente, nos parece muy bueno", señaló.
Rodríguez reveló que no hay fechas para lanzar este plan dual, pero que quedó anunciado tras las últimas reuniones con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y otros funcionarios nacionales. "En la medida en que nos convoquen a reuniones de trabajo, a debatir esto junto al sector empresario, estamos dispuestos", agregó.
Asimismo, Rodríguez se mostró contemplativo de una posible reforma laboral y las consecuentes modificaciones a los convenios colectivos. "Esto ya se está haciendo. Cuando negociamos la última paritaria, tuvimos una modificatoria por consenso, como colocar el presentismo en la administración, que era una herramienta que no estaba vigente", dijo, y aseguró que si los cambios surgen por "consenso y anuencia" de los trabajadores "está bien".
El líder de UPCN aclaró que no se permitirán cambios en las cláusulas de las actividades, pero admitió otro tipo de alteraciones a la letra chica de los acuerdos laborales. "Es lógico que las cláusulas convencionales tengan que sufrir modificaciones, de acuerdo a situaciones de cambio y modernización que suceden en el mundo del trabajo, y seremos lógicos en debatir esos cambios. En principio ninguna de las cláusulas que se modifiquen es negativo", enfatizó.
"Los sectores empresarios también tiene sus representaciones, es natural. Ver de qué manera podemos encontrar acuerdos tripartitos es lo lógico. Muchas veces se han enunciado herramientas que luego no se han podido institucionalizar, sería muy bueno que podamos arribar, cuando las condiciones lo ameritan, a un Consejo Económico Social, donde se debaten temas que luego se convierten en leyes o decretos del Presidente", añadió.
• No vamos a prejuzgar
Por otra parte, Rodríguez aseguró que la creación de una sociedad anónima para construir y mantener rutas y autopistas "no va a afectar a los trabajadores de Vialidad Nacional".
"Tenemos trabajados afiliados involucrados, estamos preocupados, pero nos han aclarado que esta empresa, simplemente, tiene metas para revocar y volver a concesionar a terceros y, a partir de ello, tiene una durabilidad efímera. Por lo tanto, no va a afectar a los trabajadores estables tanto de Vialidad Nacional u otros organismos del área", como el OCCOVI, sostuvo el sindicalista.
El Gobierno constituyó Corredores Viales S.A., que se utilizará para construcción, reparación, conservación, ampliación, mantenimiento, financiación y administración en rutas, autopistas y accesos viales de jurisdicción nacional de toda concesión con cobro de peaje. Según lo dispuso el decreto 794/2017, la nueva sociedad estará integrada por el Ministerio de Transporte en un 51% del capital social de titularidad del Estado Nacional y por la Dirección Nacional de Vialidad, que tendrá el restante 49%.
"En la medida en que se cumpla esta premisa, en que no se afecten los derechos de los trabajadores estables en los diferentes organismos y los derechos adquiridos, no tenemos inconvenientes" con la decisión del Gobierno de crear una SA.
"La empresa deberá rendir cuentas y se va a controlar, es un resorte del Poder Ejecutivo. Si no lo hicieron por una ley del Congreso, es porque lo habrán estudiado desde el punto de vista normativo. No vamos a prejuzgar algo en la medida en que no afecte a los derechos de los trabajadores. Si el fin es reacomodar las concesiones, habrán considerado que esa es la forma más ágil de realizarlo, y eso lo respetamos", enfatizó el sindicalista.
La postura de Rodríguez es opuesta a la que expresó el otro sindicato del sector estatal, ATE, que consideró que la medida oficial es una "privatización" de Vialidad Nacional, que "pone en riesgo seriamente las funciones que el Estado debe tener en el desarrollo vial de una Nación y la fuente laboral de miles de familias y los derechos del convenio colectivo".
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