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Habría que prever que para esta semana se produzca algún encuentro entre el ministro de Defensa, José Pampuro, y el embajador de los Estados Unidos, Lino Gutiérrez. Este diplomático dedicó varias declaraciones -a propósito de una visita a Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta- a recordar la importancia que tiene para su país el control de las fronteras, sobre todo en lo que se refiere al tráfico de drogas. Ni una palabra sobre la presunción que domina al gobierno de Kirchner: que fue su representación o alguna de las agencias ligadas a ella la que hizo estallar el escándalo de Southern Winds en la prensa.
Desde otro punto de vista, ese episodio no podría ser más oportuno. La radarización del espacio aéreo comienza a aparecer como imprescindible nuevamente y la participación de los Estados Unidos se presume un hecho indiscutido. Es un secreto a voces en el gobierno de Kirchner que la empresa Northrop Grumman se quedará con el negocio de la instalación de radares militares, un emprendimiento que genera peleas descarnadas en la administración desde que Miguel Angel Toma lo propuso en 1997, a través de un proyecto de ley. Toma era, en ese entonces, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
La Northrop es la principal proveedorade radares (entre otros insumos) del Pentágono. Como se sabe, para Washington el control de las entradas y salidas de personas y bienes en países de la región es una prioridad excluyente. Ese interés llevó a Estados Unidos a pelear y ganar, en 1995, nada menos que la radarización de toda la Amazonia. Allí, en Brasil, la protagonista fue la empresa Raytheon.
En la Argentina, la Northrop ya había conseguido la adjudicación de la radarización. Fue al cabo de un proceso desopilante. Los primeros que llamaron la atención con su conducta fueron los italianos. La empresa Alenia le regaló a la Fuerza Aérea tres radares (uno para Córdoba, otro para Mar del Plata y otro para Río Gallegos) suponiendo que esa generosidad sería recordada a la hora de la confección de los pliegos.
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