La medida quedó oficializada con la promulgación de la Ley 27.820. También se incorporó el Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la Argentina y se declaró de interés el acuerdo con el Camino de Santiago de Compostela.
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio, a partir de la promulgación de la Ley 27.820. La norma establece además que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para el Día de la Independencia se realicen de manera permanente en esa ciudad.
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La decisión apunta a reforzar el vínculo entre la celebración del 9 de Julio y el lugar donde el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816.
La declaración forma parte de un paquete de iniciativas que el oficialismo acordó con sectores aliados en el Congreso y que incluyó otras medidas vinculadas con Tucumán. Entre ellas se encuentra la ampliación de las cámaras federales de apelaciones en esa provincia.
En paralelo, el Gobierno promulgó la Ley 27.823, que incorpora al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero.
La iniciativa toma como marco la Ley 26.118, mediante la cual la Argentina ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El reconocimiento alcanza a las expresiones de devoción, los recorridos de peregrinación y las actividades culturales vinculadas con esta tradición.
El Camino de Brochero está relacionado con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y con las actividades religiosas y peregrinaciones que se desarrollan en territorio cordobés.
La norma también declaró de interés nacional el Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción entre el Camino de Brochero y el Camino de Santiago de Compostela, en España.
El acuerdo contempla acciones destinadas a la preservación, difusión y promoción de ambas tradiciones, además del desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas vinculadas con los dos itinerarios.
La ley había sido impulsada por Alejandra Vigo y obtuvo su aprobación definitiva a fines de agosto, luego de que el proyecto recibiera media sanción del Senado en septiembre de 2025.
Entre las medidas previstas se encuentra además la creación de un pasaporte para los peregrinos, que permitirá registrar y acreditar las distintas etapas del recorrido. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago y estará vinculado con propuestas relacionadas con el turismo, la gastronomía y las artesanías.