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Al fracasar los primeros intentos de negociación concretados entre el flamante Jefe de Policía santacruceña, comisario general Wilfredo Roque, y el personal autoacuartelado en todas las dependencias policiales de Santa Cruz, el gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, los denunció penalmente, según se informó hoy oficialmente.
El texto de la presentación, concretada esta madrugada ante el Juzgado Penal Provincial de turno a cargo de Santiago Lozada, indica que los policías autoconvocados podrían estar incurriendo en los delitos de "sedición, resistencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Y añade que, de acuerdo a los "hechos verificados se podría estar incurriendo en delitos contemplados en el Código Penal, artículos 229, 239 y 250", que se castigan con "prisión e inahabilitación permanente", según la legislación.
Sobre la decisión adoptada por el gobierno de Sergio Acevedo, el fiscal de Estado Pablo González explicó que "el Jefe de Policía le presentó un informe al ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, dónde expresamente le manifiesta que se habían resistido a prestar servicios vinculados a los aspectos de operatividad de la fuerza".
"El personal se encuentra ocupando las distintas dependencias en clara violación a las normas legales en vigencia y la reglamentación que impone el estado policial. En consecuencia, el ministro le remitió el informe al gobernador, quien me requirió realizar la correspondiente denuncia", añadió el funcionario judicial.
Para el fiscal de Estado "con la medida de fuerza se está resintiendo el servicio de seguridad que afecta el orden público y el debido resguardo de la vida y la propiedad de las personas".
En tanto, voceros policiales informaron que "desde ayer comenzaron los sumarios administrativos internos" al personal que realiza el reclamo.
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