El bloque UNEN durante la sesión en el Senado. (Foto: Mario Mosca).
El oficialismo aprobó en el Senado y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Pago Soberano de la deuda, que cambia la jurisdicción de pago de los bonos reestructurados, pero a pesar de introducirle cambios no consiguió la adhesión del arco opositor.
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La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue aprobada tras un debate de casi 10 horas con 39 votos a favor y 27 en contra, mientras que los senadores del Frente Amplio UNEN Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda se abstuvieron de votar.
El bloque oficialista le hizo algunos cambios al proyecto, entre los que se destacó la ampliación de la jurisdicción de pago a Francia y la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y evolución de la deuda externa, pero esto no alcanzó para conseguir la adhesión del arco opositor.
El senador oficialista Aníbal Fernández defendió la iniciativa al señalar que al Banco de Nueva York "no está cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por el Banco Central" y que por eso "la Argentina puede removerlo, sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario".
Además, sostuvo que los fondos buitre "están esperando a un gobierno que le diga sí a la usura" y cuestionó el proyecto alternativo del Frente Renovador al afirmar que "el daño que se le produciría a la Argentina sería monumental", porque "le garantiza a los buitres que van a cobrar y eso es disparar la cláusula Rufo".
Quien le salió al cruce fue el peronista Federal Roberto Basualdo, impulsor en el Senado del proyecto del massismo, al que calificó como "una propuesta superadora" y agregó: "No puede decir que el proyecto está mal, comparado con el de ustedes, es un proyecto superador".
La radical Laura Montero evaluó que la iniciativa del Gobierno "no soluciona absolutamente nada" en lo que respecta al conflicto con los fondos buitre, sino que "a lo sumo pretenden buscar tiempo, dilatar la situación".
En el mismo sentido, el senador mendocino y presidente de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que el proyecto "no resuelve ningún intríngulis jurídico" y que el Gobierno está "desesperado por encontrar aval político donde no encuentra rigor técnico".
A su turno, Fernando "Pino" Solanas, del Frente Amplio UNEN, calificó como "innecesario y tardío" y su compañero de bloque Jaime Linares estimó que "los cambios a último momento al proyecto son una prueba irrefutable de la improvisación de todo el proceso de negociación del Poder Ejecutivo".
La jefa del bloque del PRO, Gabriela Michetti, sostuvo que "está claro que el fallo (del juez neoyorkino Thomas Griesa) es disparatado" pero opinó que "con este proyecto, el mensaje a todos los acreedores y al sistema internacional es no cumpliremos la sentencia , no nos interesa que cobren y vamos a un default prácticamente completo ".
En tanto, el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que "hay mucha charlatanería del lado del sector financiero" y aseguró que "el juez Griesa ha dispuesto un bloqueo sobre fondos de terceros, que no son del país, es totalmente ilegal" y evaluó que "por eso no se anima a dictar el desacato".
El proyecto declara "de interés público" la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010 y señala la "pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon" como agente de cobro para los bonistas que entraron al canje.
En este sentido, autoriza al Ministerio de Economía a "remover al Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A" u otro agente de cobro que sea solicitado por los bonistas.
También establece que si los tenedores piden un cambio de legislación y jurisdicción, la cartera económica podrá "instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local" o "regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa".
Además, el proyecto autoriza una eventual reapetura del canje para el 7 por ciento de los tenedores que no ingresaron a la reestructuración, pero en condiciones iguales a las ofrecidas al 93 por ciento de los acreedores.
• Abastecimiento, de madrugada
Tras la aprobación del proyecto de Pago Soberano de la deuda, el oficialismo aprobó en el Senado y giró a la Cámara de Diputados el paquete de proyectos para regular las relaciones entre consumidores y empresas y modificar la ley de Abastecimiento.
La iniciativa que plantea una regulación de las relaciones de producción y consumo con modificaciones a la ley de Abastecimiento, la más resistida por la oposición y las cámaras empresarias, fue aprobada con 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que la que crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios.
En tanto, el proyecto que crea un fuero judicial especial para dirimir conflictos entre usuarios y empresas fue apoyado en la votación en general por la UCR y resultó aprobado con 53 votos a favor y 11 en contra.
El santacruceño Pablo González fue el miembro informante del bloque oficialista y subrayó que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas empresas", que no son contempladas por la reforma de la Ley de Abastecimiento siempre que no tengan posición dominante de mercado.
"Estamos hablando del uno por ciento", remarcó el senador y agregó: "Estos son los que queremos controlar, no los comercios".
La peronista federal Liliana Negre de Alonso fue una de las más críticas sobre la reforma de la Ley de Abastecimiento al considerar que tiene "violaciones a la Constitución" como "darle facultades judiciales a un órgano administrativo", en referencia a la Secretaría de Comercio.
La iniciativa más polémica autoriza al Estado a "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios", además de establecer "niveles mínimos" de producción, comercialización o distribución.
También podrá exigir documentación y "todo tipo de libros" a las empresas por parte del Estado se realizará "en caso de configurarse algunos de los supuestos previstos", como elevar "injustificadamente los precios", acaparar materias primas o productos, y destruir mercaderías, entre otras conductas.
Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a "fijar precios máximos".
El oficialismo hizo cambios a la iniciativa durante el debate en el plenario de comisiones, atento a las críticas realizadas por la gran mayoría de las cámaras empresarias y el total de los senadores opositores.
Entre esos cambios, se destacó la exclusión del alcance de la norma para las pymes que no tengan posición dominante de mercado y la necesidad de autorización judicial previa para inhabilitar o clausurar temporalmente empresas infractoras, algo que no estaba contemplado en la iniciativa original enviada por la Casa Rosada.
Se eliminó la posibilidad de clausurar definitivamente una empresa y se fijó que "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna".
Otro de los proyectos establece la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), que intervendrá en los reclamos "de derechos individuales" de usuarios o consumidores cuyo monto "no exceda" al de 55 salarios mínimos.
Esta iniciativa también crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, que entenderá en las causas referidas a relaciones de consumo cuando el monto de la demanda no supere los 55 salarios mínimos.
Para esto, se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones.
Por último, el proyecto para crear el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Bienes y Servicios, que remitirá sus observaciones a la Secretaría de Comercio.
Además, podrá recomendar a la Autoridad de Aplicación (que será designada por el Ejecutivo) el requerimiento de la documentación comercial de una empresa.
• Sesión con pedido de suspensión
La sesión inició pasadas las 13 bajo la conducción del vicepresidente Amado Boudou. El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, volvió a la carga contra el presidente del Senado y presentó otro proyecto de resolución que plantea "suspender en sus funciones", sobre la aplicación del artículo 55 de la Constitución" que le confiere al Senado "poder disciplinario".
"Usted sigue siendo Vicepresidente, pero no puede alterar el funcionamiento del Senado de la Nación", le dijo Morales a Boudou. Por su parte, el presidente del interbloque Frente Amplio UNEN, Rubén Giustiniani, manifestó el acompañamiento de esa bancada al proyecto presentado por la UCR, aunque otra vez no prosperó.
Durante la jornada, que se estima podría terminar de madrugada, se debaten, además de los proyectos de ley que prevén el pago local de la deuda externa, la creación de un fuero judicial y de un Observatorio de Precios para los consumidores y el envío de tropas argentinas al exterior, entre otros.
La ley establece una división en tres segmentos: los medios con una facturación anual de hasta $ 63 millones pagarán una alícuota del 2,5% ; entre $ 63 millones y $ 126 millones, una alícuota del 5%; mientras que aquellos que facturen más de $ 126 millones seguirán pagando la actual alícuota de 10,5%. La norma implicará un costo fiscal de $ 284.700 millones anuales, y, de los 923 contribuyentes totales, sólo 16 no entrarán en la rebaja de alícuotas, de modo que el beneficio fiscal abarca casi el 90% de los medios incididos.
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