En sigilo, el Poder Ejecutivo envió al Senado más de 30 pliegos de magistrados para que obtengan su acuerdo, el jueves pasado. La novedad no está en el número, que es elevado, sino por lo estratégico de los cargos a cubrir y la incidencia que la elección de los candidatos tiene en otros concursos donde estaban postulados. Así, Alberto Fernández -en pleno impasse de las reformas esbozadas por el Gobierno- se propone rellenar sillas vacías, sobre todo en varias Cámaras de apelaciones de relevancia, como la del Trabajo, Comercial, Civil y Civil y Comercial Federal.
Pero lo relevante es que también se comienza a despejar algunas incógnitas respecto a un tribunal que, tal como adelantó Ámbito, está siendo muy mirado por el mundo empresario: la sala especializada del Tribunal de la Competencia, clave para dirimir litigios en torno prácticas monopólicas, tramitar denuncias de cartelización y monitorear las fusiones entre compañías, materia extremadamente sensible para el mercado y los consumidores. ¿Podría quedar definida la terna de escogidos antes de las elecciones?
Por lo pronto, el Ejecutivo eligió a Alejandro Nobili como juez de primera instancia en el fuero Civil y Comercial Federal, en esta tanda. Nobili integraba junto a Diego Póvolo y Rafael Stinco la primera de las tres ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Stinco también había salido de esa terna con similar destino, lo que obliga a escalar posiciones a la lista complementaria donde estaba segunda Laura Manín, una candidata cuyo nombre se escucha con fuerza para este tribunal desde que en enero se abrió el plazo para impugnaciones. Con este movimiento, Manín, subsecretaria de Gestión Administrativa de Eduardo “Wado” De Pedro en Interior ya tiene un lugar en la pole position de este concurso. El N°415, a pesar de la frialidad con la que lo mira el Gobierno, es un tema que se discute entre empresarios. Allí irán a parar cualquier recurso judicial que intenten contra resoluciones y sanciones de la Autoridad de la Competencia.
Hay cinco candidatos para varias salas del fuero laboral que incluyen a José Sudera, Patricia Russo y al actual fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia, uno de los testigos principales en el expediente que vincula al operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con amenazas tendientes a forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Andrea García Vior y Enrique Catani completan los elegidos para esa Cámara que renovará casi un quinto de su composición.
Hay elegidos para dos juzgados en el fuero Civil y Comercial Federal y otras dos plazas cubiertas en la Cámara de ese fuero. Uno es Juan Perozzielo Vizier y el otro es para Florencia Nallar, cuya participación en el concurso derivó en un escándalo por denuncias cruzadas y la intervención de ACIJ reclamando que se investiguen las impugnaciones sobre anormalidades en el examen y recusaciones a una jurado que trabajaba con Nallar. Sonríe Ricardo Recondo que había empujado esta designación en un acuerdo mucho más amplio con el oficialismo.
En todo este combo se sumó el nombre de María Guadalupe Vásquez para la Sala B de la Cámara Comercial (también la Cámara Civil suma dos nombres en esta tanda). Lo particular es que completa el tribunal a cargo del tortuoso expediente del concurso de acreedores de Correo Argentino SA, controlada por Socma y Sideco de la familia Macri. Serán las magistradas que eventualmente deban revisar la quiebra y sus alcances si la jueza Marta Cirulli se define por un camino (con todos los plazos ya agotados). La intervención del TSJ como una suerte de “intermediario” alentado por precedentes de la Corte en cuanto a la procedencia de deducir un recurso extraordinario como superior de la Cámara Comercial antes de la Corte coronó una sorda rebeldía: los jueces nacionales saben que en cuanto acaten una orden del TSJ estarán entregándose al traspaso a la órbita de la Ciudad que tanto rechazan. El miedo no es zonzo.
En este contexto al único concurso cuyo avance parece interesarle al Gobierno –el de dos cargos en la Cámara Federal de Comodoro Py- le nació un cisne negro: Eduardo Freiler el camarista desplazado en una maniobra irregular por el macrismo a través del Consejo de la Magistratura y destituido luego, presentó una declaración de lesividad ante el Consejo que preside Diego Molea. No solo le pidió una investigación respecto al accionar del cuerpo en su caso, sino que se lo anule por “cosa juzgada írrita administrativa” y que se lo restituya en la Cámara Federal por haber sido “ilegalmente separado”. Pero además, Freiler pidió que se suspenda parte del concurso N°461, al menos, en lo que respecta a su cargo hasta tanto exista sentencia firme. Es una incógnita cómo se resolverá este imponderable.
A las vísperas de ingresar en julio, el Gobierno podrá tener otra certeza: la Corte Suprema –en sintonía con el cambio de calendario electoral- prorrogará su agenda de fallos incluso después de la feria judicial, una rareza en años electorales. En las vocalías trabajan a todo vapor con el objetivo de desembarazarse de causas grandes y de múltiples tópicos que van desde lesa humanidad, la posibilidad de definir el litigio entre Farmacity por su desembarco en la provincia de Buenos Aires y hasta cuestiones ambientales que podrían incluir el futuro de una mega obra pública como las represas Kirchner-Cepernic.
Por esto en el cuarto piso del Palacio de Tribunales tratan de minimizar cualquier discusión previa respecto al futuro de la presidencia del máximo Tribunal. De eso no se está hablando. Ni siquiera con las señales externas que arriban a las vocalías y donde hasta el propio Presidente habría hecho llegar su posición con respecto a su preferencia para la sucesión de Carlos Rosenkrantz. Hay otra certeza en esa materia: son solo cinco los que votan y ahí de verdad los de afuera son de palo.
En ese panorama y más allá de cualquier cambio de rostros nadie visualiza que la Acordada donde se dividió el poder de superintendencia en tajadas idénticas pueda llegar a modificarse. Eso no quiere decir que tampoco haya escarceos. De hecho, varios se preguntaron qué hacía algunos meses atrás el empresario informático Gastón Douek en el Palacio. Conocido por participar en campañas políticas con las “granjas de trolls”, su nombre fue ligado al escándalo que rodeó al Barcelona en el caso de Lionel Messi, pero hoy estaría más cerca de asesorar a Facundo Manes. Misterio.
Siguiendo en asuntos del espionaje hubo otras acciones que pasaron por debajo del radar: el 22 de junio pasado, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron la idea de sobreseer al “espía” Allan Bogado, cuyo nombre apareció a la luz pública en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Esta investigación que atraviesa gran parte del submundo del espionaje por supuestas amenazas al valijero Leonardo Fariña había apuntado no solo a Bogado sino al abogado Franco Bindi. La trama incluye varios hechos que se acumularon: amenazas, supuestas ambulancias que habrían retirado efedrina de aeropuertos, periodistas que trasladan mensajes y “operativos” ligados a inteligencia.
Los camaristas argumentaron que la gravedad de los hechos requieren profundizar las medidas de investigación y en un voto se agregó que las “situaciones de gravedad institucional relacionadas con el manejo irregular de causas judiciales” exigen “extremar los esfuerzos para esclarecerlos”. El protagonista principal es Bogado, cuya permanencia en el firmamento del espionaje criollo podría aparejar un dolor de cabeza para el Gobierno. Es el espionaje que no miramos.
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