El diputado radical Ricardo Buryaile reclamó a Fernando Niembro que explique claramente las gravísimas denuncias por corrupción o que de un paso al costado de su candidatura del frente Cambiemos y deje a la justicia investigar.
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"¿Cómo se distingue lo que está bien de lo que está mal? Si está bien lo podés contar, si no está bien, no lo podes contar. Hay dos verdades. Una política y otra judicial, una mediata y otra inmediata, una más rápida y otra más", describió el legislador nacional en diálogo con el programa "El Negro en la Diez", que se emite por Radio 10.
"Los que tenemos vida pública tenemos que explicar cosas, nos guste o no. En este caso (por el Niembro-Gate) hay que explicar lo que pasó. Esa es la verdad política. La Justicia es más lenta y es lógico que sea así. Si se puede explicar lo que pasó, está bien, y si no se tiene que dar un paso al costado y dejar el camino al tiempo judicial", sentenció Buryaile.
El diputado formoseño destacó la actitud de sus aliados electorales del PRO de salir a hablar del tema con los medios y aprovechó para compararlo con las denuncias que pesan sobre funcionarios kirchneristas. "Me guste o no desde el PRO y Macri dieron la cara. No escuché a Cristina de Kirchner hablar de (Amado) Boudou. Nunca escuché a los K pronunciarse sobre los actos de corrupción. Boudou no aceptó preguntas en una conferencia de prensa me parece bien que esto se hable".
"No voy a crucificar a nadie, pero a veces nos caben distintos sayos. Estoy convenido que Boudou tiene que renunciar por que está procesado. (En el caso Niembro) no se sabe si hay delito, hay que explicar. Si no la explicás, es complicada la situación", consideró.
"Como sociedad ante una falta de ética, le pedimos un candidato que renuncia. Ante un delito, le pedimos que renuncie. Es distinta vara. El delito es de orden público", remarcó.
En el año 2012, el periodista deportivo y devenido dirigente de PRO, fundó La Usina Producciones junto a Atilio Alberto Meza, empresa que en sus tres años de existencia firmó casi dos centenares de contratos con el Gobierno porteño de Mauricio Macri y el Banco Ciudad por una suma que superó los $ 23 millones. Lo que la Justicia invetiga es si fueron sus únicos clientes y si la empresa fue creada para lavar dinero o para generar retornos a las funcionarios porteños.
