Unos 2,5 millones de multas por infracciones de tránsito serán dadas de baja en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la ley que permite este trámite luego de dos años de labrada el acta, anunció hoy el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
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La medida fue defendida por funcionarios de esa cartera, y tomada con cautela y críticas por legisladores opositores, quienes consideran que el gobierno renuncia a un monto millonario que no ingresará al fisco y por la "sensación de impunidad" para los infractores que genera.
El subsecretario de Justicia local, Daniel Presti, explicó que se trata de "un universo cargado en el sistema, del que ni siquiera salió la notificación, por lo que sólo generará pérdida de tiempo para el infractor y para el controlador oficial en el momento de hacer un trámite, como sacar el 'libre deuda'".
De todos modos, aclaró que la notificación implica la interrupción de la prescripción, "es decir que quien haya sido notificado de una infracción, aunque hayan pasado un año y 11 meses de cometida, debe empezar a contar otros dos años para que vuelva a prescribir".
En ese aspecto, el funcionario advirtió que la intención del Gobierno es implementar "un sistema eficiente de notificación, por el cual el infractor se vea obligado a pagar" y no especule con el paso del tiempo para la prescripción.
Tras afirmar que para el gobierno y la ciudadanía "el beneficio es notorio", comentó que "cuando llegamos (al gobierno) había cargadas en el sistema 7.000.000 de actas por tránsito; de ahí discriminamos las vigentes y las prescriptas, y decidimos dar de baja a las que ya no se pueden cobrar".
Para el presidente del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, "dejar caer 2,5 millones de infracciones no es una política adecuada para las circunstancias del fisco".
"El cobro de infracciones debería maximizarse, porque la punibilidad es un ejemplo para que no vuelvan a cometerse", dijo y añadió que "hay que estudiar si la medida es adecuada".
Su compañero de bancada Sebastián Gramajo, consideró que la decisión del gobierno de Mauricio Macri, "atenta contra mecanismos de responsabilidad ciudadana y del gobernante".
Además de sostener que debería informarse sobre "qué tipos de faltas prescriben y quiénes se benefician con esta medida, especialmente qué empresas dejarán de pagar", manifestó que "si el sistema está saturado, hay que mejorarlo, no eliminarlo".
El subsecretario de Justicia puntualizó que "lo que hicimos fue ajustar una situación al marco de una ley vigente", como lo señala la Resolución 44 del Ministerio dada a conocer hoy.
En sus considerandos, la resolución indica que el artículo 15 de la Ley 451, modificado por la Ley 2195 en marzo de 2007, establece que "la acción en el régimen de faltas prescribe a los dos años de cometida la falta".
También cita informes de la Universidad Tecnológica Nacional, según los cuales hay "más de 2,5 millones de actas pendientes de resolución respecto de las cuales ha transcurrido en exceso el plazo de dos años" mencionado.
"Resulta indispensable, a los fines de lograr una mejor y más ágil administración de los recursos humanos y técnicos del Organismo -afirma luego-, disponer la baja en los registros informáticos y en el archivo físico", de las actas de infracción en cuestión.
Presti no disponía de un cálculo del monto que significan esos 2,5 millones de actas, pero aclaró que por ley ya no podían ser cobradas, y señaló que una falta leve está en 37 pesos y las graves superan los 300.
Luego de admitir que la información se difundió en principio en forma parcial, lo que "generó más revuelo que el que quizás merecía en los medios de comunicación", adelantó que esta resolución ministerial entrará en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial porteño, "posiblemente la semana próxima".
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