La sesión del Senado del miércoles, en la que Alberto Fernández dejó de lado el informe que debía brindar al Congreso para defender el proyecto que le otorga mayores facultades para modificar partidas del Presupuesto nacional, planteó algunas curiosidades sobre la interna política que se vive dentro del oficialismo y el resultado final de esa iniciativa.
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A pesar de que el chaqueño Jorge Capitanich aseguró que el Senado modificaría el proyecto oficial introduciendo la obligación al jefe de Gabinete de informar trimestralmente al Congreso sobre el uso de los poderes que se le están delegando, ayer al conocerse el dictamen se pudo comprobar que esa inclusión no existió. Nada prohíbe que ése y otros cambios sean introducidos durante el debate en el recinto, previsto para el próximo miércoles.
Sólo osaron modificar los senadores el segundo párrafo del nuevo artículo 37 de la Ley de Administración Financiera del Estado y de los Sistemas de Control del Sector Público.
Allí el gobierno pedía « facultar» al jefe de Gabinete a «disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de Presupuesto». En el despacho firmado ayer por todo el peronismo, se modificó el lenguaje estableciendo que el funcionario «puede» disponer esas reestructuraciones.
La diferencia semántica no es menor y demuestra que, a pesar de lo que sostuvo Alberto Fernández en el recinto el miércoles por la tarde, el Congreso está en realidad delegando facultades extraordinarias: de haber mantenido la redacción original la ley debería haber fijado un plazo de vigencia para esa delegación, tal como lo exige la Constitución nacional y como se vino haciendo cada año en las leyes de Presupuestocuando Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner pidieron esos poderes.
En el camino
Quedaron por ahora en el camino otros cambios al proyecto que pidieron senadores peronistas como Sonia Escudero o Marcelo López Arias que pretendían no eximir al jefe de Gabinete de cumplir con el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, un poder que, sumado a la reforma al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, le permitirá introducir modificaciones «que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades» de las partidas presupuestarias.
Pero fuera del debate técnico, hubo algunas afirmaciones en el recinto que no se explican en el actual esquema de lealtades del gobierno. Por ejemplo, la forma en que Miguel-Pichetto se refirió a aliadosactuales del gobierno como el radical rionegrino -le afecta en la interna provincial a Pichetto- Miguel Saiz o al mendocino Julio Cobos: «Cuando uno analiza las leyes que tiene la provincia de Río Negro en materia de manejo presupuestario observa que, indudablemente, sería muy hipócrita y muy incoherente sostener otra cosa. Porque el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro puede disminuir la asignación de recursos del Tesoro para la atención de gastos en los casos en que las jurisdicciones u organismos obtenganmayores recursos». ¿Qué quiere decir esto? Que si algún departamento o algún municipio recauda más, la provincia puede retirarle lo asignado en el Presupuesto. Puede hacer lo que quiera: cambiar todo el Presupuesto, rehacerlo, llevárselo a la casa, etcétera. Estas son leyes que también tiene en Mendoza el gobernador Cobos, razonó. Pichetto también cargó contra Carlos Chacho Alvarez, en los hechos un funcionario que el actual gobierno designó como secretario del Mercosur: «Yo recuerdo los tiempos de Fernando de la Rúa, los tengo muy nítidos, porque el fin no fue en 2001, el comienzo del fin empezó mucho antes, cuando se quebró el bloque parlamentario; cuando la incapacidad de la Unión Cívica Radical no pudo hegemonizar una propuesta; cuando el Frepaso, con la renuncia del vicepresidente, debilitó fuertemente al partido gobernante». Una aseveración similar se le escuchó a Cristina Kirchner cuando por otro tema, el proyecto de reglamentación del control de los decretos de necesidad y urgencia, tomó el ejemplo de la debacle de la Alianza para atacar el uso de los DNU en otros gobiernos.
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