Tarifas: rechazaron acción colectiva en subas de eléctricas

Política

Un fallo sostuvo que “no debe presumirse, a priori, que todo el colectivo de usuarios y consumidores quieren ser representados por un particular que pretende una medida de esta naturaleza”.

La Justicia Contenciosa Administrativa Federal rechazó tramitar como proceso colectivo una acción promovida por un usuario del servicio público de energía eléctrica prestado por EDENOR, que solicitó que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que dispusieron los incrementos tarifarios.

“No debe dejar de mencionarse… que en un Estado con severas deficiencias presupuestarias, de no aumentarse las tarifas, y aumentarse los costos de financiamiento de un servicio, la única consecuencia es el destino de mayores fondos provistos por la propia administración. Por lo tanto, no debe presumirse, a priori, que todo el colectivo de usuarios y consumidores quieren ser representados por un particular que pretende una medida de esta naturaleza”, consigna uno de los párrafos del fallo al que tuvo acceso Ámbito.

El accionante, un particular que promovió una “acción colectiva sumarísima de consumo”, solicitó una medida cautelar para que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en relación a la cuestión de fondo, se ordene la suspensión de los efectos de las resoluciones cuestionadas.

Sostuvo que su aplicación irrogaría daños irreparables o de muy difícil reparación a los usuarios del servicio público de energía eléctrica de todo el país. En consecuencia, pidió que se trajeran a juicios como terceros a Edenor S.A. y Edesur S.A para que se ordene directamente la devolución a los consumidores, por los mismos medios en que se produjo el cobro.

En su presentación aludió a que la afectación trasciende su esfera de derechos subjetivos apreciados en su faceta individual, repercutiendo con incidencia colectiva en los derechos de las personas usuarias del servicio público de electricidad de todo el país.

El juez Martín Cormick, luego de analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, concluyó que en la causa no se advierte la concurrencia de los presupuestos necesarios para darle tal tratamiento.

“No se encuentra claramente definido el colectivo involucrado en autos ni se vislumbra que las modificaciones introducidas por la normativa aquí impugnada puedan afectar por igual a todos los sujetos que se pretende representar, extremo que tal como se viene exponiendo, descarta la configuración de los recaudos necesarios para la procedencia formal de la acción colectiva intentada”, argumentó el juez.

Aseguró que “no debe dejar de mencionarse, finalmente, que en un Estado con severas deficiencias presupuestarias, de no aumentarse las tarifas, y aumentarse los costos de financiamiento de un servicio, la única consecuencia es el destino de mayores fondos provistos por la propia administración. Por lo tanto, no debe presumirse, a priori, que todo el colectivo de usuarios y consumidores quieren ser representados por un particular que pretende una medida de esta naturaleza”.

El juez declaró que la presente causa no reviste carácter de proceso colectivo, lo que constituye una novedad respecto a las acciones de clase vinculadas a aumentos tarifarios.

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