Tarifazo de la luz: antes del fallo de la Corte, Gils Carbó avaló la cautelar

Alejandra Gils Carbó.

La Procuradora Alejandra Gils Carbó resolvió a favor de confirmar la medida cautelar que suspendió los aumentos en las tarifas de luz para la provincia de Buenos Aires, dictamen que ya tiene la Corte Suprema, aunque no es vinculante. Se espera que el máximo tribunal falle hoy.

Gils Carbó consideró que la falta de audiencia pública restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores, misma línea argumentativa que utilizó cuando dictaminó contra el tarifazo del gas. El dictamen hizo hincapié en el carácter provisorio de la medida, cuyo plazo se limita a tres meses desde el otorgamiento -vence el 7 de octubre- y en las presentaciones realizadas por otros actores en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

Tal como informa hoy Ámbito Financiero, antes del mediodía se conocerá la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con la medida cautelar que mantiene suspendido el aumento del cuadro tarifario eléctrico para zonas de la provincia de Buenos Aires de influencia de las distribuidoras Edenor y Edesur.

Se prevé que la intención consensuada del fallo distará de ser tan categórico como fue la sentencia por el aumento de gas, y se limitará a resolver la cuestión de la vigencia de la medida cautelar, lo que en la práctica permitirá al Gobierno lograr oxígeno y tiempo para avanzar en la convocatoria a audiencias públicas para resolver los aumentos en electricidad.

En la decisión no se tendrá en cuenta la decisión de la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, el que será devuelto para que continúe su trámite procesal y pase por la Cámara de Apelaciones.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, "dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica [...]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores".

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que "los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) [...]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)".

El dictamen explicó que "a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores".

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque "se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública".

• Las resoluciones cuestionadas

En los últimos días de enero, a poco más de un mes de asumir el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó varias resoluciones, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder el valor por consumo de ese servicio, que se comenzó a aplicar a partir del 1 de febrero.

El Gobierno había asegurado que el aumento de tarifas no sería de grandes proporciones. De hecho, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, afirmó que equivaldría "a dos pizzas". Sin embargo, las facturas no reflejaron eso y los usuarios debieron afrontar liquidaciones con aumentos superiores a 700%.

Al igual que con lo sucedido con el gas, el malestar generalizado, tanto entre usuarios residenciales como comercios e industrias, obligó al Ejecutivo a reconocer los errores en la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios y a recalcular su estrategia. Las críticas apuntaron principalmente al titular del área energética, Juan José Aranguren.