¿Cuáles son los principales factores que inciden para que la mayoría de los fallos judiciales carezcan de perspectiva de género? La demorada aplicación de la Ley Micaela en el Poder Judicial y el bajísimo porcentaje de mujeres que ocupan cargos de decisión podrían ser parte de la explicación a un problema que persiste y que, al final del camino, desprotege a las mujeres y perpetúa las desigualdades.
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En la calidad del servicio de justicia se ven las consecuencias de un sistema judicial patriarcal. Abundan los ejemplos de los fallos de familia que vulneran derechos de niñas, niños y adolescentes y el de las propias mujeres víctimas, obligadas muchas veces a volver a vivir con su agresor. O de la inacción judicial ante los incumplimientos de los pagos de cuotas alimentarias. Fallos que criminalizan a las mujeres que decidieron una interrupción voluntaria del embarazo; las sentencias por maltrato y/o acoso laboral que no protegen a las mujeres que denuncian y mantienen a los denunciados en sus cargos; los juzgados que ignoran las denuncias de violencia que, muchas veces, derivan en agresiones mayores y hasta en el asesinato de las mujeres por parte de los varones denunciados.
Aunque es de cristal, parece irrompible. De eso se trata la metáfora. Ese techo que impide a las mujeres llegar a los cargos más altos del Poder Judicial argentino, invisible pero real, sigue intacto. Si bien la mayoría de la dotación de la justicia está compuesta por mujeres, sólo acceden a los puestos máximos de representación un 30%. Incluso, se registra un retroceso respecto del año anterior, cuando las mujeres llegaban al 31% de los cargos jerárquicos.
Según las cifras actualizadas al año 2022 del Mapa de Género de la Justicia Argentina elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, las mujeres son el 57% del personal total. Sin embargo, el documento revela que, como en años anteriores, sólo una mínima parte de ellas logra llegar a lugares de poder de decisión. Por el contrario, la mayor parte del personal de servicios está compuesto por mujeres y son en su mayoría varones los que acceden a ser ministros, procuradores, fiscales o defensores generales.
Si bien las mujeres logran hacer carrera dentro del Poder Judicial hasta convertirse en la mayoría de su funcionariado (61%), pierden cuando concursan para la magistratura y, sobre todo, para acceder al máximo nivel de autoridad. Según el informe, “en el período analizado, a modo de ejercicio, se calculó que los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en Magistrados, Procuradores, Fiscales o Defensores, y 3,6 veces más posibilidades de integrar las máximas autoridades que sus pares mujeres funcionarias en el sistema de justicia argentino”.
En la Justicia Nacional y Federal solo el 25% de quienes ocuparon el cargo de camaristas en 2022 eran mujeres, “existiendo 6 cámaras sin camaristas mujeres y 3 cámaras sin magistradas mujeres. Ambas tendencias (tanto la baja participación de mujeres en los cargos de Camarista como en los cargos de Magistratura) se mantienen estables desde el inicio de las mediciones del Mapa de Género de la Justicia Argentina en el año 2011”. Es decir que el registro de la última década indica que el techo de cristal está intacto.
Si se observan, además, los sistemas de justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “solo el 34% de quienes ocupaban el cargo de Ministras/os eran mujeres”. En dos provincias Formosa y Corrientes, ninguna mujer ocupó ese lugar.
El mapa es desigual en todos sus puntos: sólo 1 de los 26 cargos de Procurador/a General fue ocupado por una mujer en el año 2022. En los Ministerios Públicos de la Defensa de todas las provincias y de CABA la situación es algo mejor, aunque aún por debajo de la paridad. Hubo 8 mujeres entre los 20 cargos de Defensoras/es Generales.
La paridad de género establecida en los procesos de selección de magistrados/as dentro del Consejo de la Magistratura aún no da frutos, lo que opera en conjunto con la demora en la aplicación de la Ley Micaela para la desprotección de las mujeres y las diversidades con fallos sin perspectiva de género.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) da cuenta de retardos en la capacitación en materia de género, con “demoras significativas” en las provincias de La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). El tiempo de atraso se cuenta desde la adhesión de cada distrito a la ley.
En esa misma línea de análisis, el estudio señala que sólo cinco provincias cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%).
La falta de paridad y de perspectiva de género puertas adentro del Poder Judicial son elementos que, invariablemente dialogan entre sí. Combinados conducen a fallos que profundizan aún más las desigualdades.
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